Es necesaria una Ley de Educación, que habría de ser consensuada y elaborada con participación de la comunidad educativa.
Izquierda Unida ha participado activamente en la Jornada por la Educación Pública y Laica que se celebró en Castilla y León el pasado 28 de noviembre. En estas Jornadas se presento el 'Acuerdo Social y Politico para una nueva Ley de Educación', un documento que Izquierda Unida comparte plenamente y que defenderá en la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados.
En esta Jornada por la Educación Pública se defendió la aprobación de una nueva Ley de Educación, consensuada con la comunidad educativa y sometida a referéndum de la población, capaz de diseñar un sistema educativo público y laico, estable y duradero, y de garantizar un presupuesto del 7 por ciento del PIB; además, más allá de la aprobación de esta ley, este "suelo" legal de la inversión educativa del Estado debería ser incluido en la Constitución española, lo que sólo sería posible en el marco de un proceso de reforma constitucional.
En palabras de Pablo Garcia, portavoz de IU-Verdes en Cieza, el 'Acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación', presentado en Valladolid a finales de noviembre, "ha sido construido desde abajo por la comunidad educativa, de forma participada e inclusiva, y ve la luz con la clara intención de inspirar una ley educativa que, tras la derogación de una ley segregadora e impuesta como la LOMCE, dé estabilidad definitiva al sistema educativo por mucho tiempo, pensando en el derecho al éxito escolar y social de todos y todas las niñas y niños y no de unos pocos". Esta necesidad de estabilidad y permanencia aconseja, y de ahí la propuesta que contiene este acuerdo, "que el nuevo texto legal que se consensúe con la comunidad educativa en la próxima legislatura sea sometida a referéndum de toda la ciudadanía.
Desde luego, lo que Pablo García sí asegura, en nombre de su organización, es que "los diputados y diputadas de Izquierda Unida-Unidad Popular en el nuevo Parlamento, tras las elecciones del 20-N, trabajarán por conseguir una nueva ley educativa consensuada, progresista, y acompañada de una memoria económica que asegure una inversión del 7 por 100 anual del PIB, como garantía de una educación universal, gratuita en sus niveles básicos y dirigida a toda la población, integradora e incluyente".
