La región de Murcia ocupa el puesto 15 en el ranking de inversión presupuestaria en políticas de vivienda de las 17 comunidades autónomas que conforman el territorio nacional.

El informe detallado elaborado por Sí Cartagena demuestra que el Ejecutivo regional solo destinó a ello en 2023, un 0,69% de su presupuesto general, poco más de 47,2 millones de euros, solo por delante de Castilla y León (0,57%) y Baleares (0,50%).

Dichas comunidades quedan de esta manera muy lejanas de los tres primeros puestos, que ocupan Navarra (1,92%), Cataluña (1,47%) y País Vasco (1,47%), cuyos gobiernos destinaron 101, 654 y 193 millones de dinero público a vivienda y promoción de la edificación residencial.

“La política de vivienda y fomento de la edificación brilla por su ausencia para el gobierno regional de la CARM.

Hasta el año 2023 nuestra comunidad autónoma aparece en el puesto 15 de un total de 17 en lo que se refiere al porcentaje de presupuesto autonómico que se destina a estas políticas.

Solo Castilla y León y Baleares destinan menos presupuesto que la CARM a las políticas de vivienda y fomento de la edificación.

Esta realidad lejos de mejorar para el año 2024, ya con VOX en el Ejecutivo, ha empeorado puesto que el presupuesto de la Dirección General de Vivienda se ha visto reducido en un 41,53 % respecto al año pasado” denunció la portavoz municipal de Sí Cartagena Ana Belén Castejón.

Las cifras del propio Ejecutivo reflejan que, de los 47,2 millones de euros consignados este año a la Dirección General de Vivienda, se destinaron 27,8 millones de euros a fomentar la vivienda pública; 18,7 millones a promoción y rehabilitación; 6,9 millones a la Dirección y Servicios Generales; 422.329 euros a actuaciones en el patrimonio arquitectónico; y 241.249 al departamento de Calidad en la Edificación.

Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro Regional de Estadística de Murcia para recordar que, mientras en 2006 se construyeron 1.197 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y 65 de promoción pública en la comunidad murciana, en 2021 —último año del que hay información al respecto, según Sí Cartagena—se levantaron ocho y ninguna, respectivamente. «La promoción pública se ha abandonado, solo supone el 0,39% del parque de viviendas en la Región», añadió Castejón.

Deducciones al alquiler 

En cuanto a la deducción fiscal para el alquiler, el informe de Sí Cartagena subraya que la Región «ofrece la más baja de todo el país».

Un 10% con máximo de 300 euros en el IRPF, sea una Declaración de la Renta conjunta o individual, para discapacitados, familias monoparentales y en ciertos supuestos las numerosas, amén de jóvenes de hasta 40 años, luego de que el Ejecutivo regional ampliase el pasado mes de enero el rango de edad, entonces limitado hasta los 35 años.

Insuficiente para Sí Cartagena, de comparar con otros territorios.

1 El informe concluye que por ejemplo, en Andalucía se contempla la deducción del alquiler para mayores de 65 años y para víctimas de violencia de género (15% con un tope en 600 euros); en Madrid para los arrendadores que alquilen sus inmuebles (el 10% de hasta 150 euros por gastos de arrenamiento) o, en Asturias, a los habitantes de zonas en riesgo de despoblamiento (20% con un límite de 1.000 euros).

En Canarias, así como en otras cuatro autonomías, la totalidad de la población puede acogerse a las deducciones para el alquiler.

En el caso de la Comunidad Valenciana, estas se incrementan para los jóvenes menores de 25 años, personas con diversidad funcional y víctimas de violencia machista.

“La escasez de presupuesto para estas políticas provoca que durante el año 2023 la CARM fuese la autonomía con menores deducciones fiscales para incentivar el alquiler.

En otras autonomías además de ofrecer deducciones más altas, se incluyen colectivos tales como los mayores de 65, se apuesta por fomentar el alquiler en zonas en riesgo de despoblación e incluso algunas comunidades universalizan las ayudas al conjunto de la población que cumple con unos requisitos de renta básicos.

Por último no se incentiva con ayudas a los propietarios para que alquilen, y se ha abandonado por completo la promoción pública de vivienda” concluyó Castejón.