La Junta de Gobierno Local, reunida esta mañana con carácter extraordinario, bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado la realización de una nueva consulta a las empresas del sector eléctrico con el fin de adecuar las características del nuevo contrato de suministro de energía, mantenimiento, modernización y eficiencia del alumbrado público del término municipal.
Según ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Ignacio Jáudenes, el objetivo es que a través de las inversiones que se realicen se mejoren las instalaciones y se reduzca el consumo de electricidad.
Jáudenes ha recordado que el Ayuntamiento ya realizó hace unos meses una consulta similar y los resultados sirvieron para empezar a redactar el correspondiente pliego de condiciones técnicas, pero en el tiempo transcurrido y según reflejan los informes técnicos, han variado las necesidades del municipio y se ha tenido un mejor conocimiento de las instalaciones existentes, al igual que ha variado el sistema tarifario, por lo que se ha considerado la necesidad de abordar una nueva consulta que se adapte a la realidad presente.
En ella las operadoras eléctricas deberán definir los porcentajes o estructura de precios que dentro de este importante contrato, que se estima tendrá una duración de unos 12 años y un montante anual que superará los cinco millones de euros, corresponderán a la gestión y suministro de energía, gestión del mantenimiento fijo y a demanda, inversiones de renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones municipales, inversiones que generan ahorro energético y garantía total.
CIERRE ECONÓMICO PARA GARANTIZAR EL COBRO DE PROVEEDORES
La Junta de Gobierno también ha aprobado esta mañana el reconocimiento de un paquete de facturas, del ejercicio 2023 y algunas anteriores, por un importe de unos 3.741.686 euros, con el fin de garantizar el cobro de las mismas por parte de los proveedores municipales.
El objetivo del Gobierno ha sido el de regularizar toda la gestión al cierre del ejercicio económico de 2023.
Las facturas se refieren a diversos ámbitos de la gestión municipal y atañen a servicios como el transporte público, limpieza de edificios municipales, suministro de energía de media y baja tensión y conservación de jardines y arbolado, por citar los de mayor cuantía.
Por último y entre otros asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado el protocolo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y los ayuntamiento de Cartagena, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, La Unión, Alhama, Mazarón y Murcia, sobre la creación y regulación de la Comisión Interadministrativa del Mar menor, que ayer tuvo su primera reunión con la asistencia, entre otras autoridades, del presidente regional, Fernando López Miras, la ministra, Teresa Ribera, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto a otros alcaldes y representantes de los municipios afectados.
