El abogado Antonio Casado ha defendido en el Campus cartagenero de la Universidad Católica propuestas alternativas, como la utilización de control de la ubicación del encausado por medios telemáticos como medida cautelar.

El abogado Antonio Casado ha adquirido la condición de doctor con la defensa, en el campus de la UCAM en Cartagena, de su tesis titulada "Análisis de la aplicación de la prisión provisional en la España actual: críticas y propuestas de mejora", en la que estudia el por qué ha sido duramente desacreditada esta medida cautelar en los sistemas jurídicos modernos, y plantea alternativas.

Para Casado "es de imperiosa necesidad que la prisión provisional sea adecuada al mundo actual, por lo que planteamos mejoras como la modificación de los extensos plazos o el uso de aplicaciones y sistemas de geolocalización permanente, a fin de tener controlados a los encausados sin necesidad de ingresar en prisión o aumentar las medidas alternativas menos gravosas a la prisión provisional".

En este sentido, la tesis codirigida por Juan Carlos Vegas y el vicedecano de Criminología de la UCAM, José María Caballero, desarrolla la opción de generar un modelo de penas y medidas cautelares claro, lo más aproximado a un sistema tasado de 'numerus clausus', similar al baremo previsto para los accidentes de tráfico, de tal forma que la prisión provisional se presente como indiscutible en determinados delitos, en otros no proceda bajo ninguna circunstancia y haya otros muchos en los que sea necesario un estudio profundo de las circunstancias de la persona y de los hechos para considerar si procede o no acordar el cautiverio". También plantea "aumentar los supuestos indemnizables y de las indemnizaciones a todo aquel que haya sufrido una privación de su libertad y finalmente resulte absuelto o suspenda la pena".

Además, considera que se debería implantar un sistema de prisión provisional en régimen de semilibertad a modo de un tercer grado preventivo, modificar la regulación de la prisión provisional atenuada o reforzar la proposición de prueba respecto de las audiencias, para que pueda equilibrarse el principio de igualdad de partes. Por último, la tesis contempla que se establezca, como condición necesaria para ingreso en prisión provisional, la elaboración de un informe psicosocial del detenido, que será emitido por el equipo técnico adscrito al juzgado, es decir, por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la criminología, que valoren de forma eficaz si el encausado ha de someterse a la más dura de las medidas cautelares personales, al tiempo que plantea mejorar las condiciones de salud física, psíquica y emocional de los presos.