El año pasado, varios trabajadores de la industria auxiliar de Cartagena presentaron una demanda por prestamismo laboral. La reacción de Navantia, a través de Álvaro Tello, nº 2 de RRHH, fue exigirles que la retirasen y amenazarlos con que, de no hacerlo, no volverían a trabajar para Navantia jamás, ni siquiera en caso de que ganasen el juicio porque “existían medios” para incumplir una sentencia favorable al trabajador.

Una parte de los trabajadores retiró la demanda. La otra no, sufriendo represalias en forma de traslados geográficos o despidos. Celebrado el juicio, la sentencia consideró probado el prestamismo laboral y condenó a Navantia a contratar a los demandantes. También consideró que Navantia había violado los derechos fundamentales de los trabajadores.

Obligada a cumplir esa sentencia, Navantia les comunicó día y hora del inicio del trabajo. Pero uno de ellos ni siquiera llegó a entrar en la factoría. La carta de despido le fue entregada en la puerta en el que iba a ser su primer día de trabajo. Navantia alega causas objetivas porque, supuestamente, el despedido no superó uno de esos procesos de ingreso tramposos en los que RRHH elige a dedo (en Ferrol tenemos el caso escandaloso de la excluida por “exceso de madurez personal y exceso de conocimiento profesional”, que está pendiente de juicio).

RRHH de Navantia está violando la ley y los derechos de los trabajadores, actuando como esos empresarios mafiosos que se creen que la ley son ellos.

La CGT considera todos estos hechos vulneraciones muy graves, por lo que exige:

1) Readmisión inmediata del trabajador despedido.

2) Cese fulminante de Álvaro Tello y de Fernando Ramírez, jefe corporativo de RRHH de Navantia, por permitir tales actuaciones.

Desde CGT también se denuncia la situación de los procesos de nuevos ingresos, los graves problemas que crea la subcontratación y las deplorables condiciones laborales en la industria auxiliar. Denunciamos la actitud antisindical de Navantia en la actual huelga indefinida que están llevando a cabo los y las compañeras del mantenimiento, en la ría de Ferrol. Exigimos soluciones inmediatas.

Navantia es una empresa pública. Por tanto, las facturas políticas de las irregularidades y abusos que está cometiendo la empresa se le pasan a los partidos del Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos no pueden tolerar las actuaciones que está teniendo Navantia. Tienen el deber de acabar con estos abusos.