La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha manifestado esta mañana su total oposición al plan del Gobierno central que impide a las entidades locales acceder de forma íntegra a su propio superávit. Según se desprende del documento trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ejecutivo propone que los ayuntamientos cedan, de manera voluntaria, el remanente acumulado a la Administración Central. Con este dinero, Hacienda realizará sendos ingresos en 2020 y 2021 que representarán el 35% de los fondos aportados y el resto sería devuelto en 10 anualidades.
“Pretenden que los ayuntamientos nos convirtamos en bancos para financiar al Estado cuando debía ser al revés. Además, nos plantean devolver el dinero en los términos que el Estado marque y con el plazo que ellos decidan, sobre un dinero que no es suyo. Para un ayuntamiento como el de Cartagena esto es inaceptable, es una medida confiscatoria, que perjudica gravemente a los cartageneros, puesto que es el consistorio quien ha actuado como escudo social en una situación de pandemia y ha tenido que sobreponerse a dos DANAS consecutivas, empleando para ello sus propios recursos”, ha apuntado Castejón.
Cabe recordar que, en en el caso de Cartagena, se generó un remanente en 2019 de 4.100.000 euros, se autorizó por parte del Estado, en plena pandemia, a poder utilizar 800.000 euros para gasto social y, hace escasas semanas, se autorizó el gasto de otros 300.000 para inversión en transición energética. Restarían por desbloquear 3.000.000 de euros que, con la fórmula que plantea el Ministerio, supondría que ahora tan sólo se podría disponer de 400.000 euros, 600.000 euros en 2021 y los 2 millones de euros restantes a razón de 200.000 euros al año hasta 2032.
“Nuestra posición está muy clara, y no es otra que poder hacer uso de todo el remanente con total libertad, respetando la autonomía y la realidad de cada municipio. Nos comprometemos a que todo el superávit se destine a políticas sociales y medidas de reactivación económica, pero consideramos que esta propuesta supone una intervención más en la autonomía municipal. Los ayuntamientos estamos asumiendo competencias impropias y encima se nos dice cuándo y en qué tenemos que gastar un remanente que, si lo tenemos, es porque hemos gestionado bien”, ha concluido la alcaldesa.
