La alcaldesa Ana Belén Castejón ha explicado esta mañana el resultado del trabajo del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) durante todo el pasado año 2019, en el que las ejecuciones hipotecarias pasaron de las 10 de 2018 a 4, reduciéndose un 60%.
A lo largo de el pasado año, el número de personas atendidas en el SAVI han sido 346, destacando la paralización de lanzamientos, que ha pasado de 39 a 68 en el 2019. “Este dato es muy significativo porque ha sido consecuencia de la aparición en escena del llamado Informe de Vulnerabilidad, que nos ha permitido este incremento en la suspensión de desahucios durante el año mencionado, con la realización de un total de 41 informes”, ha indicado la alcaldesa.
Por otro lado, las Ayudas de Carácter Extraordinario de Servicios Sociales, que son subvenciones para necesidades de alojamiento y acondicionamiento vivienda habitual, se cifran en unas 90 solicitudes por año. Lo mismo sucede con las atenciones referentes a Viviendas de Promoción Pública que se mantienen prácticamente al mismo nivel sobre el año anterior, con 28 demandas.
Por otra parte, el SAVI ha detectado una nueva problemática en materia de vivienda, la progresiva subida de los impagos de alquiler y usurpaciones llegando a aumentar en un tercio las mismas ya que han pasado de 120 a 170. En ese sentido, Castejón ha señalado que “el año pasado pusimos en marcha un nuevo recurso, el Seguro de Alquiler para propietarios. Su implantación no ha sido sencilla y se han realizado 13 pólizas. Por este motivo, este año vamos a hacer una campaña más ambiciosa de difusión de este recurso”.
Las cifras se han dado a conocer durante la reunión de la Mesa de Vivienda, a la que ha asistido el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, además de la vicealcaldesa Noelia Arroyo, el teniente de alcalde, Manuel Padín, la concejala delegada de Servicios Sociales, Mercedes García Gómez, representantes de la EAPN, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH, la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la Asociación Columbares, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, de los colegios de abogados y procuradores, así como de las entidades bancarias.
ACUERDO CON EL GOBIERNO REGIONAL
Durante este encuentro, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma han presentado el acuerdo para colaborar en la gestión de las viviendas de promoción pública del municipio, con el triple objetivo de brindar a las familias en situación de vulnerabilidad la posibilidad de acceder a las viviendas de promoción pública, promover la rehabilitación de estos inmuebles y facilitar la compra a los inquilinos legales.
Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, señalaba el papel principal que los ayuntamientos tienen en la gestión de las viviendas sociales, dado que ‘son los que están en primera línea, los que conocen perfectamente las necesidades del municipio’.
En este sentido, Díez de Revenga ha explicado que lo que primero que se hará con el parque de viviendas sociales que el gobierno de la Comunidad Autónoma tiene en Cartagena, que asciende a 257, será ‘ponerlo en valor paulatinamente, por etapas, incidiendo en dos cuestiones, por un lado, mejorar la habitabilidad rehabilitando estas viviendas y convirtiéndolas en hogares confortables y, por otro, fomentar que los inquilinos de esas casas puedan llegar a ser propietarios de las mismas’.
Este es un trabajo que se hará conjuntamente con el Ayuntamiento y, según ha anunciado el consejero, se va a destinar parte del presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año, aún por aprobar, a la rehabilitación de una parte de esas viviendas. La partida para puesta en valor del parque de vivienda social de la CARM es de 200.000 euros. ‘No hay partida específica, pero en cuanto se apruebe el presupuesto se determinará qué cantidad irá a parar a esa actuación en Cartagena’, aseguraba.
En los próximos días se firmará el Plan Estratégico de actuación conjunta a medio plazo entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma en materia de vivienda social.
