UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA COMUNICADO DEL CONSEJO SOCIAL

La Mesa de la Asamblea Regional pretende más que duplicar el coste para la UPCT de la prórroga de uso del actual edificio de la Residencia Universitaria Alberto Colao, mientras que se llevan a cabo las obras de la nueva residencia: de 75.000€ por año según el acuerdo de 2014, a 154.047€ en promedio anual hasta el 31 de julio de 2023.

La Mesa de la Asamblea Regional falta a la verdad y pretende confundir a la opinión publica cuando afirma en su página web que “se mantendrá el pago del acuerdo de 2014”.

La Mesa de la Asamblea Regional quiere recuperar el uso del edificio de la actual residencia de estudiantes para reformarlo y albergar nuevas dependencias y despachos para parlamentarios y personal administrativo.

El Consejo Social de la UPCT rechaza firmemente las condiciones económicas que pretende imponer la Mesa, que constituyen una agresión moral y económica a la UPCT y a la comunidad universitaria de Cartagena.

El Consejo Social de la UPCT deplora la inexistente sensibilidad de los componentes de la Mesa con las necesidades de la Politécnica de Cartagena y de sus integrantes más necesitados de protección económica: los estudiantes.

El Consejo Social de la UPCT pondrá en práctica todos los medios legales a su alcance para impedir la aplicación de las decisiones que la Mesa difundió ayer, y convoca a la comunidad universitaria y a los cartageneros comprometidos con ella a que defiendan a su universidad pública.

El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena es el organismo encargado por las leyes de velar por las relaciones entre la universidad y la sociedad, y responsable también de la aprobación de sus presupuestos y de la liquidación de sus cuentas.

La Mesa de la Asamblea Regional, a través de su presidente D. Alberto Castillo y su Secretaria General Dª. Encarnación Fernández de Simón, comunicaron el miércoles pasado al Rector de la UPCT, y la Mesa de la Asamblea Regional ratificó ayer, determinadas condiciones que resultan abusivas y absolutamente inasumibles para la Universidad Politécnica de Cartagena.

Por todo lo anterior, y en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, el Plenario del Consejo Social reunido en sesión extraordinaria, ha decidido en la mañana de hoy lo siguiente:

1. Rechazar firmemente las condiciones económicas que la Mesa de la Asamblea Regional pretende imponer a la UPCT para prorrogar el uso de la Residencia Universitaria Alberto Colao mientras que se edifica la nueva residencia. Estas condiciones consisten -entre otros- en más que duplicar el actual pago anual de 75.000€ pactado en el acuerdo de 2014, subiéndolo a 154.047 € en promedio anual a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de julio del 2023. La aprobación de estas pretensiones constituyen una agresión moral y económica a la UPCT y a la comunidad universitaria de Cartagena.

2. Denunciar la falsedad de la afirmación contenida en la página web de la Asamblea cuando sostiene que “[se mantendrá] el pago establecido en el acuerdo de 2014”, y expresar la vergüenza y tristeza que sentimos al constatar este vulgar intento de confundir a la opinión pública por parte de una institución que representa la voluntad popular.

3. Deplorar la inexistente sensibilidad de los componentes de la Mesa con las necesidades de la Politécnica de Cartagena, y de sus integrantes más necesitados de protección económica: los estudiantes. Que la Asamblea pretenda recuperar el uso del edificio para reformarlo y albergar nuevas dependencias y despachos para sus parlamentarios y personal administrativo es legítimo, pero que pretenda hacerlo financiándose a costa de la maltrecha economía de la UPCT y de su deficitaria Residencia de Estudiantes Alberto Colao, y cargando un coste por estudiante de 900€ anuales, nos parece un despropósito.

4. Poner en práctica todos los medios legales al alcance del Consejo Social para impedir la aplicación de las decisiones que la Mesa ha hecho públicas ayer. A estos efectos, el Consejo ha creado una comisión en su seno que, presidida por D. Tomás Martínez Pagán, recabe la ayuda de todas las entidades regionales interesadas en la continuidad del modelo de la UPCT, así como la asistencia técnica y legal necesaria para las acciones que resulte conveniente emprender.

5. Convocar a toda la comunidad universitaria, al Consejo de Gobierno y el Claustro de la UPCT, a su personal docente e investigador, a su personal administrativo y de servicios, y a la comunidad estudiantil, así como a los cartageneros comprometidos con su universidad politécnica a que expresen, dentro de los cauces de la ley, su rechazo absoluto a las pretensiones de la Mesa de la Asamblea.

COMUNICADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer la propuesta de incremento de la penalización pactada en 2013 con la Universidad Politécnica de Cartagena por la cesión del uso como residencia universitaria del edificio anexo a la Asamblea, pasando de los actuales 75.000€/año a 144.000€/año a partir del 1 de enero de 2020, y a 180.000€/año a partir de 1 de agosto de 2022. Esto supone un incremento medio del 105,4% de la penalización.

Ante esta situación el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria el 20 de diciembre de 2019, manifiesta:

- El agradecimiento al Consejo Social de la UPCT por el apoyo a la comunidad universitaria a través de su comunicado, en el que rechaza esta propuesta.

- La necesidad de prorrogar el acuerdo actual, sin variar sus condiciones, teniendo en cuenta que la Asamblea Regional ya retuvo 752.017,50€ en concepto de garantía de cumplimiento de las condiciones pactadas en el acuerdo de 12 de noviembre de 2013 que, con la actual penalización de 75.000€/año, cubriría las obligaciones de la universidad hasta 2023.

- El retraso de la construcción de la nueva residencia se debe a la ausencia de financiación de inversiones suficientes en el presupuesto de la Universidad, que la propia Asamblea Regional ha venido aprobando año a año debido a la situación económica general.

- Que la Universidad ha encontrado la solución en la remodelación y posterior explotación de la nueva residencia, ya adjudicada a un inversor privado y con previsión de entrada en funcionamiento en el curso 2022/2023.

- El deseo de seguir negociando las condiciones de prórroga, por lo que reclama la comprensión de la Asamblea Regional y de la sociedad en general, con el fin de seguir ofreciendo el servicio público de residencia de estudiantes que demandan las familias.