"Queremos convertir en menos de dos años a Cartagena en un municipio libre de la ocupación mafiosa, de los narcopisos, y reducir exponencialmente el vandalismo y los atentados contra el patrimonio natural, cultural, y urbano", ha asegurado hoy el candidato de Cs a la alcaldía de Cartagena, Manuel Padín.

El portavoz liberal se ha comprometido a poner en marcha antes de que acabe el año el Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal y los narcopisos, algo que ya propuso durante la legislatura sin conseguir el apoyo de PP, PSOE, MC y Podemos. Además, Cs creará unidades especiales en la Policía Local para proteger a los cartageneros de la ocupación mafiosa y la venta ambulante irregular.

"Llevamos más de tres años denunciando una situación que se ha extendido por todo el término municipal (Casco Antiguo, La Aljorra, Los Nietos, Isla Plana, La Palma, o barrios como el de San Antón, Barrio Peral, Virgen de la Caridad, La Concepción, entre otros muchos, gracias a la dejación de funciones y a la cobardía de PP, PSOE y MC", ha denunciado Manuel Padín que ha recordado que lo sucedido en la zona de Serreta, "los legítimos inquilinos tuvieron que mudarse presionados y atemorizados por algunas de las personas que entraron a vivir sin autorización y con actitudes antisociales; pese a sus esfuerzos, las denuncias de nuestros vecinos no encontraron el peso probatorio ni el soporte judicial que se requería para que la policía pudiera actuar con contundencia".

Precisamente, el plan liberal incluye una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal. Esta oficina contaría con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales vinculada a las grupos especializados de Policía para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana. "De esta manera centralizamos la información, asesoramos a los que están sufriendo ese trance, y consolidamos la pruebas para los procesos judiciales pertinentes protegiendo en todo momento la identidad de los denunciantes para que puedan hacerlo sin miedo a represalias", explica Manuel Padín.

Vandalismo

Ciudadanos impulsará este año la redacción de una ordenanza de convivencia social y para la prevención de conductas vandálicas y antisociales, tal y como viene promoviendo desde hace años, con una ordenanza tipo, la Federación Española de Municipios (FEMP). "Aunque parezca increíble, Cartagena no dispone de ninguna herramienta jurídica que permita a la Policía Local actuar de oficio ante muchas de estas situaciones; tampoco podemos reclamar el resarcimiento de los daños a los infractores o de manera subsidiaria a los padres, tutores legales o quienes tengan la custodia legal si se trata de menores de edad, el dinero tiene que salir de todos los cartageneros, porque nadie en el Ayuntamiento se ha preocupado por establecer un marco legal municipal", ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.

"Con la nueva ordenanza, previa tasación de los daños, será más fácil que el infractor haga frente a su irresponsabilidad", indica Manuel Padín, "no es la panacea, faltan acciones en educación y valores, la lucha contra el vandalismo requiere líneas de acción integrales, educativas, preventivas, y campañas de sensibilización, pero también es necesaria un duro régimen de sanciones". Según el portavoz de Cs, "queremos recuperar nuestras calles, parques y plazas como espacios de encuentro, por lo que promoveremos previamente campañas de concienciación".

El detonante de esta iniciativa .-reconoce Cs- fueron los ataques contra el belén de Santa Lucía en diciembre de 2018, "desde entonces no dejan de aumentar los incidentes en los cementerios municipales, en yacimientos arqueológicos, en inmuebles protegidos, en algunas sedes políticas, contra los sistemas de desfibrilación, "sólo la quema de contenedores en 2016 nos costó 90.000 euros, y entre 2017 y 2018 220.000 euros de importe", informa Padín, "al año se nos va un millón de euros sólo en arreglar lo que destroza el vandalismo".