- Se trata del acuerdo que el PP firmó en 2010 con Adif para conseguir la titularidad de los terrenos para las obras de Vía Verde de Barrio Peral, el tramo que va desde la rotonda de Los Barreros hasta Ronda Norte, a cambio de una compensación futura que nunca se produjo
- El PP de Cartagena le puede costar a los cartageneros 12,5 millones de euros en total sólo por sus políticas urbanísticas, "ni piden perdón, ni depuran responsabilidades internas, ni reconocen haber dañado e hipotecado el futuro de Cartagena durante los próximos 6 u 8 años", afirma el portavoz de Ciudadanos
Cartagena, lunes 25 de febrero-. Tras asistir hoy a la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha informado que "el Ejecutivo local ha dado cuenta del listado de convenios urbanísticos firmados por el Consistorio desde 1995 a la actualidad, dando cumplimiento así a la solicitud presentada por Cs en el Pleno del pasado mes de enero". Este listado será remitido a los Grupos Municipales para poder estudiarlo con más profundidad, pero ya ha destapado la existencia de un nuevo convenio que puede suponer un riesgo para las arcas municipales, "un convenio impugnado ya por ADIF y por el que reclama 2,5 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de aprovechamientos no adquiridos tras finalizar la vigencia de un acuerdo en 2014 a cuenta de las obras de la Vía Verde de Barrio Peral, "época en la que gobernaba el Partido Popular, otra vía administrativa que se abre y que puede dañar gravemente nuestros intereses si no se llega antes a un acuerdo que satisfaga tanto al Ayuntamiento como a la entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento".
Se trata del acuerdo que en 2010 se firmó por el cual Adif daba la titularidad de los terrenos del tramo que va desde la rotonda de Los Barreros hasta Ronda Norte a cambio de una compensación futura, por la cual se le asignaría a la sociedad propietaria de las vías del tren un 0,4 por ciento de edificabilidad, unos 13.000 metros cuadrados, probablemente en el Plan Parcial CC1 que es donde mostraron interés. El plazo para entregar el aprovechamiento expiró en 2014 cuando gobernaba el Partido Popular que no hizo nada en cuatro años, y una vez llegada esta fecha Adif puede, como ha hecho, reclamar el pago en metálico. "Entiendo que para solucionar esta nueva chapuza o torpeza urbanística del PP, el Ejecutivo socialista debe emprender ahora una negociación con Adif para acordar un pago en plazos asumibles, u otro tipo de acuerdo que no sea tan doloso para el dinero de todos", ha señalado Manuel Padín.
12, 5 millones de euros
Esta nueva amenaza se suma a las condenas conocidas por valor de 5,2 millones de euros por el incumplimiento del PP del convenio urbanístico en el Plan Parcial El Vivero, en La Manga, los posibles 3,5 millones de euros por la enajenación del suelo en La Azohía y los 1,5 millones por las expropiaciones irregulares en Casco Histórico, y la demanda interpuesta por una empresa en la que reclaman 2,3 millones de euros más intereses por el incumplimiento de una permuta de 2008. "El PP le puede costar en total a los cartageneros 12,5 millones de euros del dinero de todos, y ni piden perdón, ni depuran responsabilidades internas, ni reconocen que esta organización política ha dañado e hipotecado el futuro de Cartagena durante los próximos 6 u 8 años", afirma Manuel Padín
Plan Rambla
En cuanto al Plan Parcial Rambla, el Gobierno de Cartagena ha facilitado hasta tres informes jurídicos que avalan el proceso emprendido por el Gobierno de Cartagena y que confirmarían que las obras que se están ejecutando están incluidas en el proyecto de urbanización aprobado en su día y, por tanto, no requieren ninguna nueva licencia para legitimar su ejecución, "confiamos en el criterio técnico de nuestros servicios municipales, si otros partidos los quieren poner en duda intuyo que lo hacen por táctica preelectoral y no por el futuro de los cartageneros precisamente", ha señalado Manuel Padín.
Ordenanza de Ruido rechazada
Fuera del Orden del Día se ha incluido la propuesta de aprobación del proyecto de Ordenanza de Ruidos, que no ha salido adelante. Partido Popular, MC y Ciudadanos han votado en contra, mientras que Podemos y PSOE han votado a favor.
El borrador de ordenanza se remitió a los Grupos Municipales el pasado miércoles a última hora y al día siguiente se mantuvo una reunión con técnicos municipales que aclararon algunas de las dudas suscitadas y los motivos de la negativa a las propuestas presentadas en el trámite de consulta pública previa elaboración del texto definitivo de la ordenanza, novedad que recoge el articulo 133 de la Ley 39/2015. "En la reunión del pasado miércoles, trasladamos a los técnicos municipales nuestra preocupación por la falta de regulación de actuaciones musicales en directo para los chiringuitos, cuya única vía para poder hacerlo es solicitar la suspensión provisional de los objetivos de calidad, como reza en el artículo 30 de la ordenanza", ha explicado Manuel Padín, que entiende que "esta medida no satisface los intereses de los hosteleros y es inviable por los plazos de tramitación que requiere". En este sentido, el portavoz de Cs recuerda que "en el actual borrador de la ordenanza de playas, de la que nada se sabe desde diciembre de 2017, únicamente se prevé para ello la autorización de eventos de interés general, que recoge el articulo 66 del Reglamento de Costas, pero este extremo no se ha añadido al borrador de la actual ordenanza de ruidos". Cs y otros grupos municipales pidió al PSOE que buscara una solución intermedia que pueda conciliar el descanso de los vecinos con este tipo de actuaciones, "pero no se ha dado respuesta a esta petición y se ha pretendido meter con calzador, a toda prisa y fuera del Orden del Día este borrador, por eso no hemos podido apoyarlo" explica el portavoz de Cs, Manuel Padín.
