- La formación naranja logra también la convocatoria urgente de la Comisión de Urbanismo para analizar el plan del Ayuntamiento frente a todas las condenas por actuaciones urbanísticas erróneas, y que ya suman provisionalmente más de 18 millones de euros
Cartagena, jueves 31 de enero-. Ante la clamorosa falta de información del Gobierno local ante las diversas condenas al Ayuntamiento por actuaciones erróneas en las políticas urbanísticas del PP de Cartagena, Ciudadanos ha decidido pedir explicaciones mediante preguntas en el Pleno ordinario de hoy. Cs ha pedido saber, y así lo ha aceptado el Ejecutivo, la situación legal de todos los convenios urbanísticos firmados por el PP desde 1995 ante la posibilidad de nuevas condenas millonarias; si el PP ha actuado mal en todos ellos, es para echarse a temblar", ha señalado Padín. El Gobierno del PSOE se ha comprometido a realizar este listado y a facilitarlo en cuanto lo tenga completado.
A las condenas conocidas por valor de 5,2 millones de euros por el incumplimiento del PP del convenio urbanístico en el Plan Parcial El Vivero, en La Manga, los posibles 3,5 millones de euros por la enajenación del suelo en La Azohía y los 1,5 millones por las expropiaciones irregulares en Casco Histórico, el concejal socialista, Manuel Mora, ha informado de una demanda interpuesta por una empresa en la que reclaman 2,3 millones de euros más intereses por el incumplimiento de una permuta de 2008 relacionada con la prolongación de Ángel Bruna.
Ante la pregunta sobre si el Ejecutivo piensa buscar responsabilidades por estas condenas, Mora ha contestado que no se esconderán detrás de los técnicos municipales que han participado en las diversas tramitaciones, y que todo depende en última instancia de una decisión política que se tomó cuando el PP gobernaba Cartagena.
Durante el debate que se ha establecido, el edil socialista ha dejado entrever que detrás de la demanda por el caso del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía, donde el Consistorio está condenado a pagar 3,5 millones de euros se encuentra "un miembro destacado de Ciudadanos". El portavoz de Cs Cartagena, ha replicado que quien interpone la demandas es una persona jurídica, no física, que ese miembro de Ciudadanos no ocupaba ningún cargo ni pertenecía al partido cuando se abrió el proceso, que se trata de una empresa a la que le ha dado la razón, "y me consta que esa empresa ha intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que sólo tuviera que pagar 1,5 millones de euros y no los 4 ó 5 millones que seguramente tenga que pagar por haber recurrido el fallo judicial al Tribunal Supremo, lo que supondrá un error que nos costará muy caro".
Cs también ha pedido que se convoque de urgencia la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras "o cualquier otro foro que considere pertinente el Ejecutivo municipal para analizar entre todos las consecuencias que pueden acarrear estas condenas, en esa reunión tenemos que evaluar entre todos los grupos políticos si estas resoluciones judiciales deberían suponer la dimisión de los cargos municipales implicados en la tramitación", señala Manuel Padín.
Para Ciudadanos, la irresponsabilidad del PP le está costando a los cartageneros sólo por las últimas condenas 18 millones de euros y en este sentido, "es muy llamativo que el partido que velaba por el interés de Cartagena en las áreas de urbanismo, el PP, no haya dado explicaciones, se esconda y se limite a culpar a los técnicos municipales que participaron en la tramitación; eso no es lo que se espera de un partido político regenerado y responsable". Para Manuel Padín, "en la política hay que saber dar la cara cuando se acierta pero sobre todo cuando se falla, y el PP no sabe hacer lo segundo, su incapacidad para la autocrítica y su soberbia se lo impide".
Aun así, Manuel Padín sostiene que la herencia más perniciosa que nos ha dejado el PP ha sido dejar a Cartagena sin Plan General de Ordenación Urbana, "es difícil cuantificar el dinero que se ha dejado de invertir en el municipio, el que se ha dejado de ingresar vía impuestos y el riesgo de indemnizaciones que todavía nos acecha por esa chapuza popular, pero es una cifra millonaria".
