El Gobierno municipal ha dado cuenta en el pleno celebrado esta mañana, a instancias del grupo municipal Popular, de las diversas modificaciones, transferencias de crédito y reconocimientos extrajudiciales realizados y facturas que han tenido que abonarse fuera de contrato, durante el presente ejercicio, así como el grado de ejecución del presupuesto municipal de 2018 en el mes de noviembre.

Los datos han sido facilitados por el concejal de Hacienda, Manuel Mora, que ha justificado la realización de dichas actuaciones para las que tiene competencia la Junta de Gobierno, en la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.

Mora ha diferenciado dos etapas: durante el presupuesto prorrogado de 2017 y tras la aprobación del presupuesto de 2018 en el mes de julio.

Así, durante el presupuesto prorrogado se llevaron a cabo 32 modificaciones presupuestarias entre los que se incluía:

Un suplemento de crédito de 5,8 millones de euros, proveniente del superávit y de la cuenta 412 que se destinaron a amortización anticipada de deuda y al pago de facturas sin consignación.

Un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros, provenientes también del superávit, que destinaron a inversiones a inversiones financieramente sostenibles y a obligaciones pendientes de aplicación presupuestaria.

También se realizaron 11 generaciones de crédito por valor de unos 461 mil euros y 19 transferencias de crédito por valor de 2,3 millones.

A partir de la aprobación del presupuesto de 2018 se han realizado 53 modificaciones presupuestarias, entre las que se encuentran:

Un crédito extraordinario de 1,5 millones de euros para el pago del justiprecio de las expropiaciones de Casco Antiguo.

Diez generaciones de crédito por importe de 1,3 millones de euros y 42 transferencias de crédito por otros 1,9 millones de euros con destino a las diferentes concejalías y servicios municipales.

Además se incluyen cuatro modificaciones por unos 500 mil euros para hacer frente a las horas red realizadas por Bomberos, Policía Local y personal de Infraestructuras.

En cuanto a ejecución presupuestaria, el concejal ha señalado que a 30 de noviembre , el gasto medio comprometido era un 79,5 por ciento, equivalente a unos 170 millones de euros sobre un presupuesto global de casi 214 millones.

En cuanto a ingresos sobre esos mismos 214 millones, existe ya derechos reconocidos por valor de unos 185 millones lo que supone el 86 por ciento de lo presupuestado.

Por lo que se refiere a reconocimientos extrajudiciales por facturas de otros años sin consignación, se realizaron cuatro; mientras que se tramitaron un total de 143 facturas de servicios fuera de contrato, ya que se estaba en ese momento licitando las nuevas contrataciones.

El portavoz del PP, Francisco Espejo, ha criticado que se haya convocado este pleno en mitad del puente festivo y lo que él ha calificado como descontrol, improvisación y falta de planificación del Gobierno municipal; y ha señalado que gran parte de estas modificaciones se han hecho a costa de las enmiendas introducidas en los presupuestos municipales por los grupos municipales, especialmente por parte de su formación.

La viceportavoz de MC Cartagena, Isabel García, ha criticado igualmente la fecha de celebración del pleno y el intento según ella del Gobierno de ocultar su incompetencia y la falta de interés por Cartagena, al cambiar el destino de las partidas presupuestarias; al tiempo que ha defendido su gestión económica durante los dos años que estuvieron en el Gobierno.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, se ha mostrado molesto por el cariz que estaba tomando el pleno más como un segundo debate del estado del municipio, que de control de las modificaciones presupuestarias y ha abogado porque el pleno ejerza un mayor control sobre este aspecto, dadas las capacidades que tiene el gobierno en este campo.

Por último, Franciso Martínez, de CTSSP ha señalado que los presupuestos deberían estar aprobados en fecha y que los principales problemas que se deberían atajar con ellos son la redacción de un nuevo Plan General; la falta de control y exigencia a las grandes concesionarias municipales y la liquidación de la sociedad Casco Antiguo.