Se ha informado también al Consejo Asesor Regional de Precios sobre la actuación de Ana Belén Castejón respecto a la concesionaria del servicio
MC Cartagena trasladó ayer a la Junta de Gobierno Local, a través del Registro General del Ayuntamiento, el recurso de reposición presentando por la formación cartagenerista contra el acuerdo de 19 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local que subsana y convalida el acuerdo de 29 de diciembre de 2017 sobre la aprobación de nuevas tarifas de agua potable.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso admitió a trámite la demanda contra Castejón por la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de MC en la Junta del 29 de diciembre, debido a que la alcaldesa socialista vetó el derecho de los ediles cartageneristas a conocer la propuesta.
El escrito, firmado por el portavoz y viceportavoz de MC, José López e Isabel García, respectivamente, requiere a la Junta de Gobierno Local a que suspenda la ejecución del acuerdo de 19 de febrero de 2018. MC se reserva, asimismo, el derecho a emprender las acciones legales que correspondan.
López y García denuncian que se imponga a la ciudadanía "de modo arbitrario, una tarifa excesiva y distinta de la calculada por los funcionarios municipales, a través de un procedimiento articulado con esa finalidad". De este modo, se pretende evitar que "pudieran convalidarse prácticas irregulares cuya investigación judicial, política y administrativa está en marcha".
De igual forma, MC hizo llegar ayer al Consejo Asesor Regional de Precios, dependiente de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de la CARM y órgano que debe validar la propuesta del Gobierno local del PSOE, el citado recurso de reposición para su constancia y valoración al considerar que la actuación de Castejón es contraria a Derecho.
Igualmente, se acompaña Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°1 de Cartagena que investiga la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de MC miembros de la Junta de Gobierno, así como el Auto de 3 de enero de 2018 emitido por la juez del Juzgado de Instrucción n° 1 de Lugo que investiga la denominada 'Operación Pokemon'. La magistrada Pilar de Lara solicitó en este auto "la identificación de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas en el Ayuntamiento de Cartagena".
Recurso de reposición
MC pone de manifiesto en su recurso que esta actuación aturullada y asistemática de "Caostejón" y el PSOE tiene tres fundamentos: sus necesidades políticas de notoriedad que la llevan a ceder millones de euros de los cartageneros a cambio de un titular; querer sustraerse a los efectos de la investigación de la trama "Pokemon", y el conocimiento de que, a partir del 9 de marzo, la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a la aprobación de las tarifas por el Pleno y con un trámite más garantista.
Se aclara que la propuesta de Ana Belén Castejón "no está motivada en los estudios de costes municipales, de hecho éstos parecen mantenerse 'en el cajón' a cambio de otros más 'amables' y apropiados para la negociación de lo que es el precio del contrato", y se explica que se trataría de una modificación de contrato encubierta.
También se hace constar que ya el 21 de noviembre, "Caostejón" se apropió de todos los expedientes relacionados con el agua por la vía de hecho, creando una "Comisión Técnica" con el aval del Director de la Asesoría Jurídica que, eso sí, no informó ninguno de los aspectos legales de dicho comité. Incidiendo en que con esto se demuestra un plan preconcebido para sustraerse a la legalidad y entregarse a la concesionaria a cambio de unas páginas de su álbum fotográfico.
