Esta mañana, con anterioridad al teatral acto represor de la alcaldesa Ana Belén Castejón contra el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, PSOE y PP han unido fuerzas para reforzar la protección que ambas formaciones brindan de manera continuada a las concesionarias que trabajan en el Ayuntamiento de Cartagena.
Con su voto en contra han frenado la constitución de una Comisión de Investigación que se encargara de valorar y estudiar el grado de cumplimiento del contrato de limpieza y recogida que el Consistorio mantiene con la mercantil mixta Limpieza e Higiene de Cartagena (Lhicarsa). Cabe recordar que la administración local ostenta una participación del 10% en la sociedad.
Ante los medios de información, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha manifestado que lo vivido hoy revela "una coalición soterrada que durante veinte años ha estado mantenida por Pilar Barreiro, con el oasis de dos años en los que hemos podido trabajar para los cartageneros, que se ha visto frustrado. Los intereses de estos grupos son de agua turbia", ha razonado López, quien se ha preguntado por las razones que han llevado a evitar "que ni tan siquiera se investigue. Entendemos que la persona que está llevando el control de la concesionaria ha plasmado cuestiones que deben ser clarificadas. Por ejemplo, más de veinte trabajadores que no estaban en la calle y sí en las oficinas; carencia de conductores en fines de semanas; que no se hayan entregados las cuentas de los lotes de chapa que se venden, etc.".
Todo ello, ha añadido López, evidenciaría que "posiblemente no le debamos tanto dinero a la empresa, sino que pueden existir incumplimientos de contrato que nos podrían valer para que esa empresa cesara, sin dolo para las arcas municipales, de seguir llevando la gestión y recogida de los residuos sólidos de Cartagena. PP y PSOE votan juntos para que nada cambie. El rojo y el azul en un solo uniforme, el de las grandes concesionarias, por desgracias para todos los cartageneros".
Portazo a la fiscalización y la transparencia
Para PSOE y PP no han sido suficientes las razones esgrimidas por la formación cartagenerista y Cartagena Sí Se Puede para arrojar luz sobre el estado y control de un contrato sobre el que la propia Ana Belén Castejón y el concejal Torralba han vertido dudas en fechas recientes, exponiendo lo insuficiente del mismo, al tiempo de deslizar un aumento en la asignación a la empresa de hasta cinco millones de euros más al año, a través de una modificación del contrato.
Así, la negativa de los partidos tradicionales ha impedido indagar sobre problemas en la prestación del servicio, según consta en informes municipales, que se traduce en una limpieza insuficiente, medios obsoletos, y un contrato que, en definitiva, no está adaptado a las nuevas necesidades de recogida.
La constitución de este grupo de trabajo hubiera permitido clarificar la carencia de recursos materiales y humanos; la falta de ingresos por razón de los subproductos de planta; la obtención de beneficios por la empresa que deberán ser valorados, investigados y regularizados, si es necesario; el reconocimiento implícito de existir el conocido 'plan especial de limpieza' del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Lhicarsa, así como la procedencia de cualquier modificación del contrato o alteración de sus condiciones, o de una nueva licitación según los procedimientos administrativos que corresponda.
PSOE y PP pactan para desproteger el patrimonio de Cartagena
Otra moción presentada por MC ha expuesto un panorama desolador quedando la formación cartagenerista como única voz instando a la multinacional energética y petroquímica Repsol a continuar con su inversión en el barrio del Foro Romano. PP y PSOE han vuelto a votar en contra, mientras que Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede se han abstenido.
La inquietud de MC ha surgido del efecto dominó que propiciará el proyecto de construcción del Museo del Foro Romano, financiado por Repsol, lo que provocaría el cese de la excavación de una parte importante de este yacimiento.
MC considera que el Ejecutivo de Castejón está más que legitimado para exigir a la compañía que mantenga su compromiso con Cartagena, habida cuenta del notabilísimo tráfico portuario que soporta el municipio con dos refinerías y el consiguiente riesgo para todos los ciudadanos. Por todo ello, la mercantil está obligada a responder de la única forma posible, aportando dinero en cuestiones como la conservación y revalorización del patrimonio.
Durante su intervención, el portavoz de MC Cartagena, José López, ha deseado que la actual Alcaldía no imite a gobiernos pasados y defienda el interés general, requiriendo a Repsol lo que en justicia pertenece a los cartageneros, un anhelo que finalmente se ha convertido en infeliz utopía.
