CTSSP ha denunciado numerosas irregularidades con el contrato de limpieza viaria, recogida de basura y tratamiento de residuos, un contrato que el Gobierno del PSOE pretende modificar con previsibles perjuicios para las arcas públicas municipales. La formación morada ha advertido, mediante una nota de prensa, que no hay ninguna transparencia en relación a los gastos e ingresos que percibe la concesionaria del servicio, que no figuran los datos en la página web municipal y que Cartagena está incumpliendo el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, que exige que el Ayuntamiento calcule antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que se prestan.
La formación morada ha lamentado que a día de la fecha se desconozcan los costes del servicio de 2016 y 2017, así como los ingresos que perciben tanto el Ayuntamiento como FCC. Más gravoso aún es, si cabe, que el Ayuntamiento todavía no tenga claro la titularidad de los subproductos de la planta de tratamiento de El Gorguel, como biogás, compost, vidrio, cartón y chatarra. El grupo municipal de PODEMOS ha recordado que ya en noviembre del año pasado el Gobierno municipal reconocía desconocer cómo se está gestionando la venta de estos subproductos, y que la opacidad y el oscurantismo al respecto continúan, cuestión que repercute en los ingresos que debe percibir el Ayuntamiento por estos conceptos.
A la lista de irregularidades e incógnitas sin despejar, CTSSP ha añadido la realidad de un servicio deficiente y que arroja pérdidas millonarias, y sobre todo, la falta de un control técnico y económico adecuado que supervise que los costes del servicio que declara la concesionaria son efectivamente tales. Para suplir tales carencias, el grupo municipal ha emplazado al Gobierno del PSOE de Cartagena a que antes de ampliar contratos y aumentar graciosamente y de un plumazo los millones que se embolsan las concesionarias, convoque y constituya de manera urgente el Observatorio de la Contratación Municipal, un organismo aprobado en Pleno y que, entre otras funciones, serviría para la fiscalización y seguimiento de los contratos municipales que afectan a los servicios públicos. Esta petición cobra aún más sentido tras hacer pública La Verdad nuevas irregularidades con el contrato y presuntos cobros indebidos.
