El equipo de Gobierno municipal de PSOE y MC, con el apoyo de Cartagena Sí Se Puede, seguirá trabajando para que la Comunidad Autónoma clausure la planta de gestión de residuos García Carreño e hijos, situada a unos 350 metros de la población en la diputación cartagenera de Molinos Marfagones.
Así se desprende de las declaraciones que han proporcionado este miércoles en rueda de prensa el concejal de Calidad de Vida, Francisco Calderón, el concejal de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Francisco Aznar, la portavoz del grupo municipal de CTSSP, Pilar Marcos, el presidente de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, Antonio Bernal, y la diputada regional por Podemos María Giménez frente a las instalaciones de la empresa, donde también ha estado presente la concejala de CTSSP Teresa Sánchez y se ha concentrado un grupo de vecinos.
Esta declaración viene propiciada por varias mociones presentadas y aprobadas tanto en la Junta Vecinal de Molinos Marfagones como en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena y, además, esta actuación viene recogida en el pacto de Gobierno que se firmó al inicio de la legislatura. Con esto, el Ejecutivo local muestra su apoyo a las demandas de los vecinos de la localidad y de las poblaciones cercanas.
ASUNTO EN LOS TRIBUNALES
La empresa García Carreño e Hijos se encuentra desde hace dos años en los tribunales por denuncias de los vecinos y la Fiscalía investiga varios delitos mediambientales que presuntamente estarían llevándose a cabo, según ha denunciado Pilar Marcos. En el año 1994 este punto de transferencia sólo estaba destinado al tratamiento de aceite usado, y después la empresa ha ido presuntamente realizando de manera paulatina otro tipo de actividades que no contempla la ley, ha comentado Francisco Aznar.
No obstante, Francisco Calderón ha puntualizado que la empresa sigue teniendo en vigor la licencia de transporte de residuos; esto significa que sí que puede dedicarse a mover estas mercancías entre empresas; pero en la planta sita en Molinos Marfagones no pueden entrar ni salir camiones cargados, tienen que ir vacíos.
Asimismo, el edil de Calidad de Vida ha matizado que hay un expediente abierto, aunque la empresa ha presentado una serie de alegaciones y desde la Consejería de Medio Ambiente se ha requerido a los técnicos municipales que emitan informes y éstos se han remitido conforme a las peticiones, solicitudes y quejas de los vecinos y también con lo que ellos mismos han podido comprobar de primera mano a nivel de olores, inclinación, salidas…
COMPETENCIAS REGIONALES
Calderón ha aclarado que, a pesar de todo, el cese definitivo de la actividad de la misma debe ser dictaminado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, dado que es competencia regional, y que al Ayuntamiento le corresponde vigilar que eso se cumpla. Ahora mismo las instalaciones se encuentran precintadas.
"La empresa no puede tener ningún tipo de actividad y se está llevando por parte del Ayuntamiento un control exhaustivo", ha explicado el edil de Calidad de Vida, que ha añadido que existen "unos expedientes sancionadores que se están estudiando en los lugares correspondientes".
"Tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley", ha aseverado Francisco Calderón, que ha afirmado que si no se cumplen los requisitos correspondientes no se otorgará a la empresa la cédula de Compatibilidad Urbanística. Igualmente, ha recalcado que las competencias en materia de la actividad industrial corresponden a las consejerías de Medio Ambiente, Sanidad e Industria, pero no al Ayuntamiento.
Francisco Aznar, por su parte, ha denunciado el estado en el que se encuentra la instalación y ha remarcado lo declarado previamente por su compañero de gobierno: que el Ayuntamiento no tiene la autoridad para cerrar la planta. "Tiene que ser la Dirección General de Medio Ambiente", que es quien tiene las competencias, según ha dicho, y el Consistorio sólo puede limitarse a vigilar a través de la Policía Local que no se incumpla la normativa ecológica y remitir al Ejecutivo regional los informes pertinentes que pueda aportar.
APOYO A LA CIUDADANÍA
"Este equipo de Gobierno, y los que nos apoyan, estamos en contra de que esta planta siga funcionando aquí porque realmente es un problema medioambiental, para todos los vecinos y también para los suelos de la zona", ha manifestado el concejal de Serguridad Ciudadana. "Estamos en ello, estamos con los vecinos, pero no podemos saltarnos la ley", ha matizado Aznar.
El concejal de Seguridad Ciudadana abogaba por "hacer las cosas paso a paso para intentar exigir mucho más a la Comunidad Autónoma" para que todo se pueda resolver de manera definitiva. "Haremos desde el equipo de Gobierno lo que tengamos que hacer para que no siga esta actividad aquí en esta zona", ha rematado.
Pilar Marcos ha alertado de que "aquí se está trabajando con materiales peligrosos" y "hay mucho peligro para los vecinos y las vecinas de Molinos Marfagones y todas las poblaciones cercanas", al tiempo que "puede haber delitos contra la salud, incluso de las personas que viven en la zona".
El grupo municipal CTSSP, ha aclarado la edil, está estudiando cómo poder personarse en la causa por vía penal y ha reclamado el cierre definitivo de la planta de tratamiento, situada a menos de 500 metros de la población, así como su traslado, ya que desde esta formación entienden que "no tiene los informes preceptivos de impacto medioambiental" y que "no debe haber empresas que movilicen residuos peligrosos a menos de 500 metros de la población" basándose en lo que dicta la Ley del Suelo.
"Consideramos que están cometiendo una ilegalidad y que están intentando por todos los medios legalizar algo que no se puede hacer tan cerca de una población", ha condenado Pilar Marcos, quien también ha recordado que los terrenos en los que se asienta esta planta de tratamiento de residuos figuran en el Plan General de Ordenación Urbana como suelos no urbanizables pero de uso provisional industrial por lo que a juicio de la edil de CTSSP "no tienen todavía el uso concedido para suelo industrial".
Por ello, desde la formación morada exigen al Ayuntamiento "que no se conceda a la empresa la cédula de compatibilidad urbanística hasta que la Comunidad Autónoma no tenga todo estudiado" pues "no se tienen los informes preceptivos de impacto medioambiental, de gestión de residuos peligrosos", algo que según afirmaba la concejala está corroborado por la Comunidad Autónoma en sus inspecciones y por el SEPRONA.
PREOCUPACIÓN VECINAL
Los vecinos se quejan de los olores y están preocupados por la contaminación que puede provocar esta instalación y su actividad, especialmente si no cumple con la normativa. El presidente de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, Antonio Bernal, ha denunciado que "la empresa sigue con la actividad", los que constituye la preocupación más importante de los habitantes de la zona.
"No queremos bajo ningún concepto que esto siga adelante", ha reclamado Bernal, que ha pedido "que se desmantele porque es un núcleo importante de contaminación" y no saben "si hubiese un accidente qué es lo que podría pasar". Asimismo, ha recordado que la actividad de esta empresa también afecta a otras localidades como La Vaguada, Nueva Cartagena o San José Obrero, núcleos poblacionales muy importantes del municipio de Cartagena.
