La concejal de Hacienda, Isabel García (MC), ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, en compañía del resto de representantes de los grupos municipales que han participado en las sesiones de la Comisión que ha estudiado el sobrecoste en la construcción del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.

Los trabajos de este grupo han concluido hoy y García, como presidente del mismo, ha dado a conocer las conclusiones recabadas, documento compartido por los cinco grupos políticos que han participado en el proceso.

La concejal ha comenzado resaltado lo "difícil" de la tarea por el gran volumen de documentación a revisar, lo que ha exigido un "trabajo ordenado y metódico".

Cabe recordar que la Comisión fue creada en virtud del acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2015. A lo largo de este tiempo, se ha revisado la documentación del expediente administrativo de contratación de la obra, así como de sus modificados (pliegos, propuestas de las empresas, informes técnicos), informes emitidos por el Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), etc.

Del mismo modo, se ha contado con la presencia de los técnicos municipales intervinientes en la obra, un representante de la empresa constructora, y profesores de la Universidad Politécnica que realizaron el estudio.

Por el contrario, ni la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (máxima autoridad municipal durante todo el proceso de construcción del Auditorio), ni los concejales intervinientes en el mismo (José Vicente Albaladejo, María de los Ángeles Palacios, José Cabezos o Gabriel Ruiz) han comparecido en la Comisión, a pesar de estar convocados.

Isabel García ha continuado agradeciendo la labor de aquellas personas que se han involucrado de manera activa para la consecución final de los objetivos de una Comisión que ha determinado acreditados diversos hechos.

Cronología de un dislate económico para las arcas de Cartagena

8 de abril de 2002. Primera fecha reseñable. El Ayuntamiento de Cartagena encarga a José Selgas Rubio la redacción del proyecto básico y de ejecución del Auditorio Municipal de Cartagena, de acuerdo a las bases del concurso y por una cantidad que rozó los 600.000 euros.

De acuerdo a esta circunstancia, Selgas fue conocedor que se le encargaba un auditorio terminado. Debía contener caja escénica, acústica, mobiliario y adecuación del entorno. Este punto es importante de resaltar ya que, tal y como ha reconocido García, "parte del encarecimiento de las obras viene de los trabajos complementarios para dotar al auditorio del mobiliario, equipamiento escénico y acústico, además de adecuar los exteriores. La piedra angular del sobrecoste es el estudio geotécnico", ha argumentado.

Y es que el 3 de octubre de ese mismo, se le encarga a una empresa madrileña (CONES) el contrato de consultoría, asistencia y servicios, referente a la redacción de estudio geotécnico del solar del Auditorio Municipal, por lo que, parece obvio deducir que el proyecto de ejecución básico se redactó sin este preceptivo informe. Dos meses más tarde, un escrito de la mercantil Fhecor, dirigido a Selgas, declara incompleto el estudio geotécnico elaborado por CONES.

Inicio de expediente

El 7 de febrero de 2003 se inicia el expediente de contratación de las obras, con un importe total que ascendía a 20.738.234,30 euros, entre los ejercicios 2003 a 2006.

El 2 de septiembre de 2003, a la vista del informe de valoración emitido por la Comisión Técnica (integrado por Jesús López, Juan Canalejo y José Amorós), la Mesa de Contratación propone como adjudicataria de la obra a la UTE INTERSA ACS, por la cantidad de 20.364.945,79 euros, elevándose a pleno el 9 de octubre. En el acto del acuerdo de pleno se recoge la propuesta, "aceptando las mejoras ofrecidas en su proposición".

Ya en el acta de replanteo previo, el director de la obra, José Selgas, declara que "existía disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de las obras", equivocándose en dicha percepción, ya que entre sus obligaciones se encontraba haber reflejado este hecho en el proyecto de ejecución. La disponibilidad de los terrenos se obtiene después del acuerdo de adjudicación de la obra.

Como hecho anecdótico cabe citar que el 5 de julio de 2004, ACS Proyectos Obras y Construcciones, S.A, pasa a llamarse Dragados, S.A. Curiosamente, esta empresa, en UTE con EMURTEL, S.A., resulta la empresa adjudicataria de la construcción del Palacio de los Deportes.

El 2 de agosto de 2004 se firma el Acta de Replanteo para dar inicio a las obras. Conviene citar que el contrato con la adjudicataria se firma el 25 de noviembre de 2003, si bien, el acta de replanteo para inicio de las obras no se suscribe hasta el 2 de agosto de 2004, pasando más de seis meses, lo que podría haber sido causa de resolución del contrato.

Proyecto modificado

El 14 de abril de 2005, José Selgas solicita redactar un proyecto modificado que conllevaría un incremento económico que se cifra entre el 19 y el 20%.

Lo fundamenta en el hecho de que "con posterioridad a la adjudicación de las obras han surgido incidencias nuevas debido a que el terreno encontrado es menos homogéneo de lo previsto y a la conveniencia de mantener con respecto al Museo de Arqueología Submarina la mayor distancia posible… aconsejan el movimiento del edificio dentro de la parcela…"

De las investigaciones de la Comisión subyace que la petición de modificado presenta justificaciones que tratan de esconder que el proyecto contratado es incorrecto y que los mecanismos que la ley exige para el control de calidad del mismo han sido "ineficaces".

Incremento de la obra (20,34%)

El 9 de agosto de 2005, los técnicos municipales emiten informe de Supervisión Técnica del Proyecto Modificado n°1, dando el visto bueno a las modificaciones propuestas y al nuevo presupuesto que supone un 16,9530% sobre el presupuesto de adjudicación.

Cantidad que sería incrementada ya que, si restamos los 691.0006, 69 euros de la partida destinada a "urbanizaciones", el presupuesto real de la modificación es de 24.508.435,60 euros, lo que supone un incremento del 20,34%.

Segundo modificado. Incremento acumulado del 69,38%

Un año más tarde (15 de junio de 2006), Selgas solicita el segundo modificado, lo que supone un incremento económico entre el 44 y el 47%, exponiendo que "habiéndose ejecutado las obras del Proyecto Modificado… se constata que existe una realidad ejecutada que supera ampliamente lo presupuestado en este Proyecto Modificado".

El 20 de abril de 2007, la Junta de Gobierno aprueba la modificación número 2 del contrato para la construcción del auditorio con un presupuesto de ejecución de 34.495.113,50 euros, admitiendo un incremento del 69,38% y procediéndose a la firma de un nuevo contrato con la UTE.

Conviene llamar la atención sobre un hecho realmente aclarador y es que, en este punto, Selgas reconoce que no se abordó un proyecto modificado (el primero) que diese una solución "global" al problema debido a que el plazo de tramitación de un modificado superior habría sido mucho mayor.

O lo que es lo mismo, Selgas es "conocedor del problema" pero no lo afronta para evitar los plazos de un modificado superior al 20%. Por lo tanto, es lógico deducir que se trata del responsable del dinero invertido. Situación que se ve agravada por el hecho de cobrar por una actuación que no resolvería la problemática.

Nuevos modificados

A esta sangría de dinero público, hay que sumar dos nuevos modificados. Octubre de 2008 (2.188.968,39 euros), y un cuarto que, si bien, no supone un incremento económico si acarrea un mayor plazo de ejecución (12 meses).

Obras complementarias. Aumento notable del coste

Los trabajos de la Comisión han deducido el incremento generado por la elaboración de cuatro proyectos paralelos de terminación de obra (equipamiento escénico, mobiliario, división y adaptación acústica y urbanización del entorno del Auditorio y Museo de Arqueología Submarina).

Unas obras complementarias que supondrán una destacadísima inversión. Ello para solventar "circunstancias imprevistas".

El coste total fue el siguiente:

Equipamiento escénico del Auditorio-Palacio de Congresos de Cartagena. 8.302.273,69 euros.

Adaptación acústica del Auditorio-Palacio de Congresos de Cartagena. 1.878.022,17 euros.

Adecuación del entorno del Museo de Arqueología Subacuática y el Palacio de Congresos y Auditorio de Cartagena. 4.508.605,12 euros.

Suministro de mobiliario (Pliego técnico y administrativo realizado por José Selgas). Presupuesto de licitación de 2.086.312,20 euros.

Recepción de las obras

Finalmente, el 21 de octubre de 2011, Juan José Hernández, José Selgas y Enrique Soler firman todas las actas de recepción de las obras.

Se recepciona un auditorio defectuoso, con importantes deficiencias, que llegan a nuestros días, como el no cumplimiento de las medidas contraincendios, tal y como informó el Jefe de Extinción de Incendios el 13 de mayo de 2016.

Francisco Calderón: "se deben exigir responsabilidades técnicas y políticas"

Una vez conocidos los cuarenta y un puntos que conforman las conclusiones de esta Comisión de Investigación, el portavoz del Grupo municipal MC, Francisco Calderón, ha asegurado se deben exigir "responsabilidades técnicas y políticas, además de aquellas que puedan proceder al valorar estas conclusiones por parte de la asesoría jurídica municipal".

De los trabajos efectuados en estos últimos meses, se deduce que las personas cuya actuación no es ajustada a sus deberes con el interés público y la normativa de aplicación son las siguientes: Pilar Barreiro Álvarez; Gabriel Ruiz Álvarez; María de los Ángeles Palacios; José Cabezos Navarro; José Vicente Albaladejo; José Selgas Cano; Jesús López López, así como otros funcionarios jefes de servicio ya retirados.

Calderón ha expuesto que estas responsabilidades se deben a una serie de razones: "falta de previsión y gestión en la obra, lo que ha supuesto un sobrecoste, a lo que hay que sumar el gasto en mantenimiento de un edificio de estas características en el entorno elegido; la errónea decisión política sobre la ubicación del Auditorio, ya que no consta informe favorable alguno sobre la ubicación elegida; las distintas modificaciones sobre lo proyectado que evidencian una constante imprevisión basado en el 'prueba y error'; la clara responsabilidad del autor del proyecto, así como las responsabilidades municipales, en este caso tanto política como técnica, pues el Ayuntamiento es el promotor y, por tanto, el responsable directo. De hecho, no se crea la comisión de seguimiento-control hasta que ya se ha consumado el grave daño a las arcas públicas".

Igualmente, ha añadido el portavoz del Grupo municipal MC, "ha quedado demostrado que se conocía la necesidad de un modificado del proyecto antes de iniciarse las obras, sin que ni el director facultativo ni el contratista reflejaran este hecho". Esto se debe a que haber llevado a cabo este modificado "habría dado lugar a la suspensión del inicio de las obras, es decir, a la resolución del contrato. La no realización de este trámite ha conllevado un encarecimiento desmesurado de la obra, que puede considerarse un despilfarro evitable con la simple aplicación de las normas y las decisiones políticas adecuadas".

Reprobación de los responsables políticos

Tras el trabajo realizado por la Comisión, se propondrá al Pleno del Ayuntamiento la reprobación de la actuación de los responsables políticos que han actuado en esta tramitación y cuyas acciones y, principalmente omisiones, ha provocado un grave daño a las arcas municipales.

Asimismo, se dará traslado a la asesoría jurídica municipal de las conclusiones para que, en su caso, informe del inicio de acciones legales, judiciales o a través de la Fiscalía contra los responsables políticos y técnicos, en especial, el arquitecto José Selgas, del probado perjuicio a las arcas municipales y la tramitación administrativa.

Si bien, no corresponde a la Comisión la determinación de ilícitos penales, sí ha considerado que deben investigarse las acciones y omisiones políticas ante le conocimiento que existía sobre la idoneidad del proyecto y la tramitación de la contratación.

Por ello, se solicitará a la asesoría jurídica que estudie si los hechos y la participación de los distintos actores en ellos son susceptibles de los delitos de: falsificación en documentación públicos del art.390 y siguientes; prevaricación administrativa del art.404 y siguientes del Código Penal; malversación del art.432 y siguientes, y fraude a la Administración (art. 436 y siguientes).

Comisión

La Comisión de Investigación acercadel sobrecoste en la construcción del Auditorio El Batel, que ha contado con participación de todos los grupos municipales, quedó constituida el 17 de febrero de 2016, tras el acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el 30 de diciembre de 2015.