El PP ha rechazado la moción presentada por Izquierda Unida-Verdes pidiendo que el pleno instara y obligara a Pilar Barreiro a dar en una sesión extraordinaria explicaciones ciertas y valientes de su responsabilidad política en la tramitación del proyecto Novo Carthago, permitiendo a los portavoces de los grupos de la oposición la propuesta de preguntas. Para la formación de izquierdas estaba claro que la ciudadanía de Cartagena tiene derecho a saber qué es lo que ha sucedido realmente en dicho caso y cual fue el contenido de las declaraciones hechas por la alcaldesa ante el Tribunal Supremo el pasado 5 de marzo. Una responsabilidad de dar explicaciones a los ciudadanos del municipio que no puede eludir la señora Barreiro ya que la actuación judicial que se está produciendo, y en la que IU-Verdes está formalmente personada, es de ámbito político y obedece a sus actuaciones como primera autoridad municipal y no a una actuación del ámbito privado y personal.

La negativa a dar explicaciones no ha sido realizada por la propia Pilar Barreiro sino por el, hasta hace pocas fechas, al parecer concejal "díscolo" y "disconforme" con la actuación de la alcaldesa, Francisco Espejo, que ahora se alinea incondicionalmente con su jefa de filas pese a su imputación ante el Supremo. Lo que ha hecho sin responder a ninguna de las peticiones expresas de la moción de Izquierda Unida-Verdes sino intentando volver a repetir las inexactas declaraciones de Barreiro ante el Supremo.

Hay que recordar que de lo conocido de la declaración de Barreiro ante el Supremo se desprende que intentó eludir sus responsabilidades alegando que desconoce la normativa urbanística -y no tiene vida anterior a su nombramiento como alcaldesa-, al tiempo que descargaba toda la responsabilidad en un concejal de Urbanismo que había sido nombrado escasos días antes de la convocatoria del pleno de agosto de 2013 en el que se aprobó el proyecto. Barreiro también ha intentado dar la sensación de que no ha tenido contacto alguno con los impulsores del proyecto ni con los responsables de la Comunidad Autónoma competentes para su aprobación y, finalmente, ha intentado vincular a la práctica totalidad de concejales que entonces tenía el Ayuntamiento en la toma de la decisión, algo que es claramente falso.

Es también lamentable el espectáculo producido cuando tras las declaraciones de la alcaldesa ante el Supremo el concejal de Urbanismo de entonces amenazó con "largar" si no rectificaba, algo que finalmente quedó en nada tras establecerse un "pacto de sangre" o de "silencio" entre ambos del que la ciudadanía no tiene ningún conocimiento pese a influir claramente en algo de ámbito público y político.