CCOO presentó el pasado 18 de noviembre un recurso de protección de derechos fundamentales contra la limitación del derecho al voto de los docentes murcianos.

La decisión de la Consejería Economía y Hacienda de modificar la Orden de 18 de octubre de 2002 que establecía los criterios a aplicar en los procesos de elección de los representantes de los trabajadores ha generado una situación de malestar y rechazo generalizado en los claustros de los centros educativos murcianos.

Finalmente será la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia la que resuelva la causa 7/2014 de protección de derechos fundamentales tramitada como consecuencia de la demanda interpuesta el pasado 18 de noviembre por la Federación de Enseñanza de CCOO.

La vista de la causa tendrá lugar en los primeros días de diciembre y, en todo caso, con antelación a los días de las votaciones (3 en La Unión y 4 en el resto de municipios).

A expensas de la decisión de la Sección 2ª ha quedado en suspenso la Orden de 28 de octubre (Borm del 4 de noviembre) con que la Consejería de Economía y Hacienda (a propuesta de Educación), en un acto de prepotencia y autoritarismo, modificaba unilateralmente la normativa anterior (que venía funcionando desde 2002) y que era fruto del diálogo y el consenso.

La Federación de Enseñanza de CCOO anunció primero en una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Educación convocada por la Administración a este único efecto, y después en el transcurso de la Mesa General de la Función Pública del 23 de octubre que recurriría la nueva Orden en caso de llegar a ser publicada. Fue el único sindicato que hizo este doble anuncio en ambas reuniones. Tras la publicación de la norma, el 4 de noviembre, CCOO esperó hasta el último momento para presentar la demanda en un intento baldío de intentar convencer a la Administración de que retrocediera en sus intenciones.

Finalmente la Federación de Enseñanza de CCOO interpuso el pasado martes 18 de noviembre la demanda de protección de derechos fundamentales, cuya copia así como certificación de presentación se adjuntan a esta nota de prensa.

CCOO lamenta que la actuación, irresponsable y dictatorial, de la Consejería haya dado lugar a que los derechos de los docentes murcianos tengan que ser dilucidados en vía judicial, pero no va a consentir que una caterva de políticos imputados, semi- imputados, imputables y por imputar a los que se les llena la boca con las palabras libertad y derechos vengan a cercenar las libertades y los derechos de los trabajadores del sistema educativo público.

La modificación de las condiciones en que el profesorado murciano debería poder emitir su voto en las cercanas elecciones sindicales del día 4 (3, en La Unión) ha generado un enorme quebradero de cabeza a los equipos directivos de los diversos centros educativos y un no menor rechazo en el conjunto de los claustros y profesorado.

El espectáculo, patético, de la "tourné" del Director General de Recursos Humanos, acompañado por dos funcionarios de su departamento, por las distintas comarcas y municipios intentando convencer a los equipos directivos de la bondad de su "ocurrencia" ha sido el elemento chusco y "felliniano" que faltaba en este cúmulo de despropósitos. En opinión de CCOO más le valdría al inefable Sr. Ujaldón aprovechar el tiempo, y al cualificado personal de su departamento, en atender las tareas propias del gobierno del sistema educativo en vez de embarcarse en campañas antisindicales.

CCOO se alegra de que otra organización sindical haya recurrido también la Orden que impugnamos, y se ha personado en el procedimiento seguido como consecuencia de ese otro recurso (se adjunta a esta nota certificado de personación), pero estima que la organización en cuestión, ANPE, no debería mentir al profesorado afirmando en los medios de comunicación ser el único sindicato que se opone o que recurre esta arbitraria decisión de la Administración regional murciana.