"O dimite Cabezos y Bernal o los cesa Barreiro, o que dimitan los tres"

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SPCT denuncia que el vicealcalde ha cambiado de versión 3 veces desde que estalló la Púnica

"Al 99 % de posibilidades que no existe ningún contrato más del Ayuntamiento vinculado al grupo Dalkia" eso manifestó el Vicealcalde de Cartagena, el Sr. Cabezos cuando se supo que el Ayuntamiento de Cartagena había contratado con la empresa Dalkia, vinculada a el concejal Saura y al exalcalde Alonso, ambos imputados en la operación púnica, hasta 9 contratos.

A los pocos días, nuestra formación política desveló que también la empresa vinculada a ambos imputados mantenía un contrato en la Fundación Teatro Romano, en esa ocasión el Sr. Cabezos se limitó a afirmar que todo se ajustaba a la legalidad, y hoy conocemos que hasta 14 contratos más se adjudicaron a dicha mercantil, con el agravante que todos fueron concedidos a dedo, por el departamento de Descentralización que dirige el Sr. Nicolás Ángel Bernal.

Está claro que las adjudicaciones están bajo sospecha, y es más que evidente que ha podido existir un trato de favor por parte del Ayuntamiento, puesto que no hubo concurso público, el adjudicatario ha sido alto cargo del PP hasta que estalló la operación púnica y se hizo a través de obras menores que pasan más desapercibidas.

SPCT se pregunta cómo se deben sentir los cientos de pequeños y medianos empresarios de Cartagena que llevan años aguantando la crisis, perdiendo dinero, sin apenas trabajo, cuando un exconcejal del PP obtiene el premio en forma de contratos de climatización para su empresa, creemos que sentirán indignación e impotencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, puesto que el Sr. Cabezos mintió, no una sino 3 veces, el Sr. Bernal adjudicó a dedo hasta 14 contratos, deberían dimitir, y si no es así deben ser cesados por la Alcaldesa. Si ni una cosa, ni otra se producen, deberían irse los 3, el problema es que la primera autoridad municipal no anda muy sobrada de legitimidad para exigir responsabilidades políticas, imputada como está, por un presunto caso de prevaricación administrativa.

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