Llegaron a presentar como terrenos de la sociedad agraria, parcelas sin valor alguno de cultivo y por supuesto falsificando los contratos de arrendamiento de los campos

Las dos sociedades han generado una deuda con la Seguridad Social próxima a los 500.000 euros

La Policía Nacional en colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a dieciocho personas como integrantes de una organización ilegal que se dedicaban a dar de alta en la Seguridad Social a ciudadanos extranjeros para conseguir el tiempo suficiente de cotización y de esta forma obtener el derecho a percibir las prestaciones por desempleo.

Los hechos fueron detectados el pasado mes de marzo al haberse tenido conocimiento de la existencia de dos supuestas sociedades agrarias ubicadas en el término municipal de Mazarrón, que tenían contratos a ciento cincuenta trabajadores, todos ellos de nacionalidad marroquí.

La empresas, gestionadas por un ciudadano español de 50 años y con diversos antecedentes por hechos similares, contrataba sin límite a todos los trabajadores que lo solicitaban con la única finalidad de acumular períodos de prestaciones a la Seguridad Social y con ello tener acceso a las prestaciones por desempleo o a la renovación de sus autorizaciones de residencia en España, por supuesto estos empleados no llegaron nunca a realizar actividad laboral alguna.

Desde el inicio de su “ficticia actividad”, en enero de 2013, no abonó cuota alguna a la Seguridad Social por los trabajadores, generándose una importante deuda que superó los 100.000 euros en un periodo inferior a un año.

Por parte de los organizadores y de su red de colaboradores se captaban ciudadanos extranjeros, necesitados de cotizar a la Seguridad Social para las diversas  finalidades.

Los supuestos trabajadores, además de vivir una pequeña parte en Mazarrón, tenían residencias tan diversas como Madrid, Zaragoza o Gerona y otra parte en su nación de origen, por lo que difícilmente podían acudir diariamente a su centro de trabajo.

 Las empresas no pudieron acreditar con facturas a proveedores la realización de actividad agraria ni de ningún otro tipo. Del mismo modo los investigadores intervinieron contratos de arrendamientos de fincas falsos, correspondientes a terrenos con incapacidad para plantaciones agrícolas por su orografía y composición rocosa, y en los que se habían utilizado tanto datos de identidad de personas físicas como de otras empresas.

Las cantidades que se pagaban al empresario por los contratos y las altas variaban según el periodo en que el extranjero estuviese afiliado a la Seguridad Social, si bien en muchos de los casos superaban los 1.000 euros.

La operación, que continúa abierta, se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo y que ha permitido el desmantelamiento de otras dos “empresas ficticias” de la misma organización radicadas en Mazarrón y las cuales han generado una deuda de 500.000 euros con la Seguridad Social y 150.000 en concepto de cobro indebida de prestaciones sociales y por desempleo.