El Juzgado n° 4 de primera instancia de Cartagena ha condenado a la empresa concesionaria de aguas a la devolución parcial (concretamente 101,70 euros) del importe de la acometida del alcantarillado que le fue cobrada indebidamente en las obras de entronque proyectadas por el Ayuntamiento de Cartagena y financiadas por el Plan E.

El equipo de Gobierno del PP de Cartagena anunció a bombo y platillo en el otoño de 2.010 que los vecinos de Isla Plana y La Azohía no tendrían que pagar la acometida de alcantarillado, ya que las obras que se están realizando con fondos del Plan E contemplaban esa partida presupuestaria.

Al poco tiempo, dónde dije digo, digo diego y se pasó de la gratuidad a una tasa de enganche de 667,70 euros. El equipo de Gobierno del PP justificó su cambio de postura en base a un informe jurídico que obligaba a los usuarios a pagar esa tasa e impedía al Ayuntamiento eximirles del pago. La realidad es que hasta la fecha no hemos podido conocer dicho informe jurídico, puesto que sólo obtuvimos comunicación vía decreto de 19 de Octubre de 2.010 como contestación a una petición hecha el día 14 de Octubre de 2.010, mediante la cual se nos negó la posibilidad de acceder a dicho documento.

SPCT (integrante de la Izquierda Plural junto a Izquierda Unida-Cartagena) recuerda que el 29 de Noviembre de 2.010, presentamos una moción en el pleno del Ayuntamiento advirtiendo de las posibles irregularidades en las que podría incurrir el Ayuntamiento de persistir en el cobro a los vecinos del importe de las acometidas, sin embargo nuestra iniciativa fue rechazada tanto por el PP como por el PSOE.

SPCT advertía también que el equipo de Gobierno del PP podría estar cometiendo una irregularidad no sólo respecto al Gobierno Central, que financió la totalidad del coste de las obras, sino también con los vecinos que tenían derecho a la gratuidad de la tasa y que posteriormente se les cobro.

La sentencia de 10 de Abril de 2.014 además deja meridianamente claro que el cambio de criterio del Ayuntamiento (gratis financiado por el Plan E, a ser cobrado a los vecinos) es una decisión política y no técnica, así la sentencia dice que "la modificación de los términos de la financiación de la ejecución del proyecto de marras, pasando de ser pública a privada, es una decisión política adoptada por el Concejal del Delegado de Área de Descentralización y Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena" puesto que el informe que lo justifica no consta en el expediente, y por lo que hemos podido conocer se sustenta tan sólo en un informe de la propia empresa concesionaria, lo que nos parece a todas luces inaudito.

Ante esta situación, SPCT exige al Equipo de Gobierno del PP que de oficio inste a la empresa concesionaria a que devuelva el sobrecoste cobrado de más a todos los vecinos afectados y que ponga en marcha una mesa de negociación para evitar demandas masivas con costes adicionales para las arcas municipales, puesto que es intención de los vecinos reclamar al Ayuntamiento por el resto de la inversión.

Asimismo SPCT manifiesta que muchas familias no pudieron realizar el entronque por no disponer del dinero suficiente para hacer frente al coste de la inversión, por lo que exige al Ayuntamiento que adopte las medidas oportunas para que esta situación se corrija a la mayor brevedad posible.