Izquierda Unida-Verdes pedirá en el pleno que el Ayuntamiento celebrará mañana, que Pilar Barreiro presente su dimisión. Los motivos de la petición son la imputación formal de la alcaldesa por un presunto delito inicial de prevaricación y los consiguientes daños a la imagen institucional y a los intereses públicos del Consistorio que tal situación puede conllevar.

La formación de izquierdas ha recordado que las diligencias previas 2/2013 referidas al caso Novo Carthago establecen, de acuerdo con el auto de 24 de abril de 2014, la imputación formal de la alcaldesa, circunstancia reforzada por el informe del ministerio fiscal en el que se confirma la referida formal imputación y se establece la posibilidad de declaración voluntaria o impugnación del informe de la Fiscalía. Todo ello pasos previos a la elevación de la causa al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de Pilar Barreiro.

Para Izquierda Unida-Verdes, el caso Novo Carthago y la condición y responsabilidades de las personas que han sido imputadas hasta la fecha, dan idea de la dimensión de la gravedad y consecuencias de los presuntos delitos cometidos, que necesariamente se tienen que enmarcar en una actuación coordinada entre la administración regional y el Ayuntamiento de Cartagena, en lo que apunta podría tratarse de una trama delictiva. Porque es difícil entender que el Ayuntamiento de nuestra ciudad adoptase acuerdos de modificación de calificación del suelo con carácter previo a otros acuerdos tomados en instancias regionales absolutamente imprescindibles para llevar a cabo tal modificación. Por lo tanto, existen sólidos hechos administrativos que refuerzan el mal proceder de las personas imputadas y su alejamiento de la defensa de los intereses públicos a la que deben estar sometidos.

Sin menoscabo de la presunción de inocencia y del derecho que la aún alcaldesa tiene a una defensa dotada de todas las garantías que nuestro sistema judicial protege, desde Izquierda Unida-Verdes se cree que la consideración política no ha de estar directamente relacionada con el itinerario judicial y que es obvio que el daño a la imagen institucional del Ayuntamiento es un hecho patente, caso de no tener lugar ningún hecho político en su defensa, como debería ser la dimisión de Pilar Barreiro, quien en fechas próximas tendrá que decidir sobre su declaración voluntaria ante el magistrado-juez, el ministerio público y la acusación popular o, en caso contrario, el Tribunal Supremo, tras admitir la causa, deberá solicitar al Congreso de los Diputados el Suplicatorio para enjuiciarla.

La legislación en materia local impide a los concejales del Ayuntamiento de Cartagena presentar una moción de censura en el último año de legislatura, por ello desde Izquierda Unida-Verdes se considera que la situación ha de abordarse con grandeza de miras por parte de quien debe anteponer los intereses públicos del Consistorio a las circunstancias personales de la alcaldesa de la ciudad.