Ante la grave situación de incertidumbre sobre el Sistema Público Universitario generada por las últimas decisiones de los gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), los Consejos de Gobierno de las universidades públicas de la Región han acordado manifestarse en los siguientes términos:
Las universidades públicas de la Región han seguido una política de rigor, contención y austeridad en el gasto, con el esfuerzo personal de sus empleados, para atender su compromiso social de impulsar la excelencia en sus actividades formativas, de investigación y desarrollo, y de transferencia de conocimiento y tecnología en los ámbitos de interés para nuestra Región. Es fundamental que el Sistema Universitario Público cuente con un presupuesto adecuado para poder continuar desempeñando sus funciones eficazmente y con un nivel de calidad adecuado, habiendo llegado a una situación en la que nuevos recortes financieros impedirían el mantenimiento de actividades esenciales.
Se oponen a la política de becas y ayudas al estudio materializada por el Proyecto de Real Decreto de Becas presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no garantiza una educación universitaria pública accesible a todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos. La aplicación de los nuevos requisitos académicos, junto con el cambio de modelo en la asignación económica, puede conducir a un efecto excluyente y disuasorio de numerosos estudiantes, tanto para el acceso como para la continuación en las enseñanzas universitarias.
Protestan por la paralización de las carreras profesionales del personal investigador y docente, así como del resto de la plantilla, truncando no solo legítimas aspiraciones, sino generando, además, una situación de bloqueo en la renovación generacional del tejido docente e investigador, poniéndose en grave peligro el mantenimiento de un servicio público esencial.
Manifiestan su rechazo a la Ley de la CARM 4/2013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y Organización Administrativa, en la que se hace recaer sobre los salarios de todos los trabajadores al servicio de la Administración Pública Regional, incluidos los de las universidades, los incumplimientos presupuestarios del Gobierno de la Región, con una nueva rebaja de retribuciones que lleva a una pérdida de poder adquisitivo acumulado en los últimos seis años superior a los 20 puntos porcentuales.
Las universidades públicas españolas juegan un papel fundamental en la creación de conocimiento, generando más de un 60% de la producción científica y técnica de nuestro país. En este terreno, destacan por su actividad investigadora en diferentes áreas. Sin embargo, la falta de recursos para mantenerla puede lastrar la recuperación económica de nuestra Región, ya que la generación de conocimiento, su transferencia al tejido productivo y su transformación en innovación son indispensables para la reactivación económica y la creación de empleo, al ser imprescindibles para mejorar de forma sostenida la competitividad internacional de las empresas y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, muestran su total disconformidad con la disminución de la financiación de distintos programas de I+D+I nacionales y regionales.
