La alcaldesa destaca que con este documento queda de manifiesto la capacidad del consistorio para equilibrar sus cuentas, no generar déficit, mantener la plantilla municipal, prestar los servicios a los ciudadanos y afrontar inversiones. La alcaldesa Pilar Barreiro ha vuelto hoy a hablar del Plan de Ajuste que ha elaborado el Ayuntamiento de Cartagena para acceder al fondo del Gobierno de la Nación que le permitirá hacer frente a la deuda a proveedores cifrada en unos 37 millones de euros en los próximos 10 años.
El documento ha sido dictaminado este mediodía por la Comisión de Hacienda con los votos favorables del Equipo de Gobierno, y la postura en contra de los tres partidos de la oposición: PSOE, IU-Verdes y Movimiento Ciudadano.
Barreiro ha asegurado que desde el año 2008 en que puso en marcha un primer plan de ajuste, el Ayuntamiento ha conseguido ahorrar 32 millones de euros.
La alcaldesa ha añadido que la situación económico financiera del Ayuntamiento, conseguida gracias al esfuerzo del control del gasto en los últimos cuatro años, permite optar al fondo de pago a proveedores habilitado por el Gobierno de España.
En el Plan de Ajuste se fijan las previsiones de gastos e ingresos para los próximos 10 años y, según la alcaldesa, se demuestra al Gobierno que el Ayuntamiento de Cartagena es capaz de equilibrar sus cuentas, no generar déficit, mantener la plantilla municipal, prestar los servicios a los ciudadanos y afrontar inversiones.
Así materia de Personal no habrá despidos. El objetivo es mantener congelada la plantilla municipal, no cubriendo las jubilaciones hasta 2015. A partir de ese año empezarán a cubrirse un 10 por ciento de las bajas.
Esta medida, permitirá una ahorro de unos 10 millones de euros hasta 2022.
La alcaldesa también ha explicado que el ministerio de Hacienda obliga a equilibrar lo que cuesta un servicio y lo que pagan por él los ciudadanos, prohibiendo a los Ayuntamientos cubrir los déficit con sus presupuestos.
Esta es la razón por la que se han revisado las tasas de servicios como la limpieza y recogida de basuras, el transporte público o el uso de las instalaciones deportivas.
La propuesta para alcanzar ese equilibrio pasa por la actualización todos los años de las tasas y precios públicos con arreglo al IPC, excepto en la limpieza viaria y la basura, donde el déficit es considerablemente superior. En este último caso la subida media anual será del 5 por ciento.
