Policía Local de Caravaca y Guardia Civil realizan un operativo contra el fraude en el suministro eléctrico y de agua dentro de las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas

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Se trata de la segunda operación en dos años que se lleva a cabo para comprobar y abrir diligencias por la existencia de contadores manipulados y conexiones irregulares

Policía Local de Caravaca y Guardia Civil realizan un operativo contra el fraude en el suministro eléctrico y de agua dentro de las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas

Dentro del Plan Preventivo contra la Ocupación de Viviendas que promueve el Ayuntamiento, recientemente se han tapiado cuatro inmuebles de protección oficial que hasta fechas recientes se encontraban ocupados ilegalmente

14/02/2023. Un operativo conjunto de la Policía Local de Caravaca y la Guardia Civil ha inspeccionado esta mañana las zonas comunes de más de treinta inmuebles con el fin de detectar fraudes en los suministros de fluido eléctrico y agua. Esta medida forma parte del Plan Preventivo contra la Ocupación de Viviendas, a través de cual también han sido tapiados seis inmuebles de protección oficial que hasta fechas recientes se encontraban ocupados ilegalmente, junto a la instrucción de las diligencias pertinentes.

Se trata del segundo dispositivo en dos años que se despliega en viviendas localizadas en las calles Cantarerías y Santos Olmos, hasta donde a primera hora de la mañana de hoy se han desplazado una veintena de efectivos de ambos cuerpos de seguridad, junto a técnicos responsables de las empresas de suministro de agua y electricidad. El objetivo ha sido comprobar la existencia de conexiones irregulares y de contadores manipulados.

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Consistorio caravaqueño, José Villa, ha agradecido la colaboración vecinal y de los cuerpos de seguridad para poder materializar acciones que permitan atajar y prevenir la problemática de la ocupación ilegal, ya que "en muchas ocasiones esto supone un verdadero menoscabo para la convivencia, además de un atentado contra el derecho a la propiedad y una injusticia con aquellas personas que solicitan una vivienda social".

Por su parte, la concejal responsable de las áreas de Servicios Públicos y Urbanismo, Mónica Sánchez, ha manifestado que "a pesar de que la legislación estatal vigente no permite poner solución a este problema de una forma directa y a corto plazo, desde el Ayuntamiento continuaremos movilizando y poniendo en práctica las herramientas a nuestro alcance para abordar la ocupación ilegal, tal y como demandan la mayoría de vecinos que conviven pacífica y respetuosamente en los barrios afectados".

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