Al mes de agosto hemos llegado este año en Caravaca inmersos en pleno debate presupuestario. El equipo de Gobierno así lo ha querido. Antes de dejar descansar a los lectores con estos temas puramente políticos y hacer un pequeño paréntesis veraniego, se hace necesario explicar la postura del Grupo Popular en la votación del proyecto del Presupuesto municipal 2017 que el equipo de Gobierno llevó a Pleno el pasado 17 de julio.

Como es sabido, los tres grupos políticos de la oposición (PP, IU y C's) votaron en aquel Pleno en contra de este proyecto de presupuestos, lo cual supuso un hecho insólito en nuestro Ayuntamiento ya que no ha sido aprobado un presupuesto de un Año Jubilar 2017 que nos daba la oportunidad de relanzar la economía local.

En el caso del PP, nuestra postura fue debidamente meditada y se sostuvo en muchas razones que en los últimos meses se han sucedido. Partimos de que el PSOE sostiene un gobierno en minoría que lleva el proyecto de presupuestos tarde, muy tarde, a finales del mes de julio precisamente de un Año Jubilar, y lo que es más inexplicable aún, sin tener un pacto de mínimos para que este presupuesto saliera adelante, porque o que realmente ha sucedido es que no tiene ni ha tenido la intención real ni de dialogar ni de consensuar con los partidos de la oposición, que somos representantes de más de la mitad de los ciudadanos.

Añadimos que en el mes de junio el Gobierno local nos pedía responsabilidad a los grupos de la oposición para solucionar una papeleta gigantesca, el desfase de más de 2 millones de euros, un desfase que nos ocultaron durante seis meses a los tres partidos de la oposición, lo cual supuso una pérdida importante de confianza.

Seguimos recordando razones, como que el Gobierno local ha ninguneado propuestas nuestras como una ordenanza fiscal con una rebaja de impuestos que buscaba incentivar el la economía local a través del turismo y el comercio y hacer posible que emprendedores e inversores se fijaran en nuestra ciudad. No incluir en el presupuesto mociones aprobadas en Pleno para ejecutarlas en este ejercicio o que convocaran este Pleno de Presupuestos el mismo día que se inauguraba la exposición 'Signum', financiada por la Fundación Camino de la Cruz y el Gobierno Regional, dejando abandonadas en mitad de este acto a todas las autoridades regionales. Este motivo, puramente de cortesía y obviamente no trascendental para decidir nuestro voto, dejó en evidencia el sectarismo y la falta de altura de miras de nuestros gobernantes locales.

Podríamos enumerar una larga lista de factores que se suman a los ya expuestos, como la ocultación de información transcendental como la del presupuesto consolidado de las cuentas de las sociedades municipales (Caravaca Radio y Caravaca Jubilar), la creación de nuevos puestos de confianza, la falta de cintura negociadora, etc. Todo esto no es más que el reflejo de la dejadez y la falta de iniciativa del equipo de Gobierno local. Si un presupuesto es el reflejo numérico de un proyecto político, vemos cómo en Caravaca no existe tal proyecto ni tal liderazgo. Si de 21 concejales que tiene la Corporación local, 12 votaron con contra de este presupuesto y solo nueve a favor, creo humildemente que es para que el equipo de Gobierno haga un ejercicio de reflexión y autocrítica.

Desde el Grupo Popular venimos demostrando en esta legislatura sentido común, responsabilidad y actitud dialogante cuando no hay trampa ni cartón. Prima el interés general de los caravaqueños, por eso nuestra postura es a favor o de abstención cuando se debaten puntos que así lo requieren. Seguimos tendiendo la mano al equipo de Gobierno, pidiéndole que reconozca sus limitaciones al gobernar en minoría y que cuente con nosotros, con todos. Queremos hacer una oposición útil y constructiva, de ahí las muchas propuestas en formas de enmiendas que llevábamos a este presupuesto.

Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina y con él el último cuatrimestre del año, creo que lo más sensato es comenzar a trabajar todos juntos para que Caravaca tenga un presupuesto consensuado que entre en vigor el 1 de enero de 2018.