El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) parece que ha esperado a que pasaran las elecciones municipales para comunicar a las partes una sentencia que puede ser demoledora, al considerar, sin paliativos, que el proyecto del Auditorio es urbanísticamente ilegal, por ser contrario al PGMO (Plan General Municipal de Ordenación). Ha sucedido lo que nos temíamos tal y como ya habíamos puesto de manifiesto en numerosas alegaciones desde el PSOE, y denunciado además, cuyo posible desenlace lo pusimos de manifiesto hace unos pocos meses. El equipo de gobierno del PP saliente, nos deja otra versión de la UTE Caravaca, que vendrá a engrosar la ya disparatada hipoteca que estamos pagando todos los caravaqueños como consecuencia de fallidos macroproyectos absurdos e inviables, como el nuevo estadio de futbol, que no se hizo, y ahora le toca al Auditorio, que se va a quedar más paralizado de lo que está. El TSJ ha dado la razón a INTERSA, una de las empresas que concursaron al proceso de adjudicación del proyecto, obras y equipamiento delauditorio. Esta empresa entabló dos contenciosos por este asunto. El primero al Juzgado de lo Contencioso N° 3 de Murcia. Aquí INTERSA recurre la adjudicación a Ferrovial Agromán y el contrato posteriormente suscrito, fundamentalmente por incumplir el Plan General (PGMO), reclamando unos 550.000 euros por el beneficio dejado de percibir y perjuicios, a menos que fuese posible retrotraer las actuaciones al proceso de adjudicación. En el segundo contencioso al TSJ, el que ha ganado por el momento, discute la legalidad en materia urbanística de la disparatada altura que alcanza el proyecto adjudicado, que llega a 42 m sobre rasante, además de eliminar las previsiones de vivienda protegida para esa zona, según entiende la demandante, todo ello en contra de lo previsto en el PGMO de Caravaca, redactando y aprobando el consiguiente Plan Especial "Centro Multifuncional de la Cultura" que el TSJ ha declarado nulo, como ya advertimos en nuestras alegaciones y así nos opusimos desde el PSOE en el Pleno.
La cuestión ahora está, en primer lugar, en que la obra ya ejecutada (en fase de estructura) es ilegal, con unos 5 millones de euros invertidos, de un total presupuestado de 12 millones. En segundo lugar, por lo que sabemos, el Juzgado de lo Contencioso N° 3 estaba a la espera de que se pronunciara el TSJ en materia urbanística, como así lo ha hecho ya, para emitir su fallo que está pendiente sobre el proceso de adjudicación del contrato que recayó en Ferrovial Agromán. Por tanto, si este Tribunal declarara nulo también el procedimiento del concurso y de adjudicación, que es lo más probable, puesto que no se puede licitar un proyecto que es manifiestamente contrario al Plan General, sin haber modificado previamente este, el problema añadido son las posibles indemnizaciones, tanto a la empresa adjudicataria, como a la demandante, que tendría que afrontar el Ayuntamiento, por más de un millón de euros, por lo que estaríamos ante un asunto si cabe más complicado que el de la UTE Caravaca, por los serios incumplimientos urbanísticos, pero igualmente inútil, pues en este caso pagaríamos todos los caravaqueños también una cuantiosa suma (6 o 7 millones de euros) para no tener auditorio, ni nada que se le parezca., sin que nadie asuma responsabilidades. Esto así no debe quedar. No se puede dejar en peor situación este Ayuntamiento.
P.D.: Si el futuro portavoz del PP ha pretendido hacernos pensar que esto no nos cuesta nada a los caravaqueños, mal empieza, basta con apuntar un dato: el Ayuntamiento asume el 25% del coste de la obra, que ya lo estamos pagando, y los 5,5 millones de euros que ya han recibido de la Comunidad Autónoma, en concepto de subvención, se tendrán que devolver si el proyecto no se llega a ejecutar.
Alfonso Sánchez Marín, fue Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Caravaca.
