Fernando Romera y Alfonso Sánchez han realizado un repaso de las "graves irregularidades en el funcionamiento de la Policía Local, además de la enajenación ilegal de más de 400 vehículos". Concretamente sobre la presunta emisión de facturas falsas en la reparación de las motos de la Policía, la ausencia de seguro en vigor e ITV en los coches policiales, así como el hecho de la existencia de dos vehículos para servicios camuflados que no son del Ayuntamiento y que no se sabe de donde han salido. De todo esto, pedirán responsabilidades al Concejal responsable y al propio Alcalde, sobre todo después de conocer las manifestaciones del Sargento Caro, acusando al Alcalde por cuanto según éste todo se hacía por orden directa del primer edil y del Concejal responsable en cuanto a la enajenación de los vehículos.
Sobre lo último en relación al Oficial Jefe de la Policía Local, han explicado que éste realizó un Atestado, a finales del pasado mes de septiembre, por un presunto delito de injurias y calumnias, dirigido al Juzgado de Instrucción de Caravaca. Como agraviado figura el propio Oficial y va contra un Cabo de la Policía Local, siendo el instructor del atestado el mismo Oficial.
Por lo que sabemos, el Oficial lo instruye en relación con el expediente administrativo de diligencias informativas previas en el que el Sr. Interventor interrogó como testigo, previa selección al azar, al Cabo en cuestión, limitándose éste a contestar sin más a lo que creía saber sobre las preguntas que se le formularon, sobre el equipamiento de tres vehículos policiales, la desaparición de un armero, la procedencia de los vehículos camuflados, entre otras.
Ahora bien, el Oficial Jefe, en uso de su cargo al frente de la Policía Local, instruye y envía al Juzgado de Caravaca un atestado contra este subordinado de la Policía Local, sin previa Resolución del Alcalde, que ostenta la máxima autoridad de la Policía Local y es el único competente para la adopción de cualquier medida disciplinaria contra el personal del Ayuntamiento, o en su caso judicial.
Así mismo, se aprecia que como mínimo concurre el deber de abstención en un expediente que el Oficial inicia y en el que se elige a la vez en instructor y perjudicado (juez y parte), además de atribuirse por medio de este proceder frente a un subordinado, competencias que le corresponden al Alcalde, con presunto abuso de su cargo. Consideramos que este asunto puede ser constitutivo de faltas muy graves y graves.
Que no es la primera vez que el Oficial actúa con fines similares y al margen de la autoridad del Alcalde. En este sentido podemos citar por lo menos tres casos: el primero cuando el pasado mes de abril el Oficial emite un informe que dirige al Alcalde de Moratalla para que se sancione a un Policía de esa localidad, sin conocimiento del Alcalde de Caravaca, y el segundo, cuando emite otro informe, el pasado mes de julio, totalmente improcedente, contra un policía de Caravaca para sancionarlo por faltas muy graves.
Además no es necesario recordar que el Oficial, presuntamente se ha saltado la autoridad del Alcalde frente a la prohibición de cobrar multas en metálico, pues pese a tener una Resolución del pasado mes de marzo, prohibiéndolo, éste ha seguido cobrando sanciones en metálico, por lo que sabemos, en más de 50 casos.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista, han solicitado: "apertura de nuevo expediente disciplinario (sería el tercero) contra el Oficial Jefe de la Policía Local y al mismo tiempo la adopción de medidas provisionales de suspensión de empleo, por la reiteración continuada de presuntas conductas graves o muy graves en el ejercicio del cargo que pueden dañar seriamente la imagen y el funcionamiento de la Policía Local, en particular a sus miembros, y por extensión al propio Ayuntamiento".
