El Grupo Municipal Socialista de Calasparra registra una moción solicitando acuerdos urgentes entre las entidades bancarias y los Gobiernos autonómico y de la Nación para garantizar el derecho de todas las personas a disponer de servicios bancarios de manera accesible en nuestro municipio.

La situación de crisis posterior al año 2008 ha supuesto que desde esa fecha se hayan eliminado unas 20.000 oficinas bancarias y se hayan perdido 83.000 empleos de ese sector en España.

En Calasparra, esta situación es tan problemática como en otros municipios. Progresivamente,  en la actualidad seguimos viendo como aumenta y cómo se hace más grave la incidencia de la carencia de estos servicios en la población. La eliminación de las oficinas bancarias afecta particularmente a las personas mayores y a aquellos ciudadanos que no tienen acceso a Internet o no se manejan lo suficientemente bien como para poder operar online. Esto provoca muchas restricciones a la hora de acceder a determinados servicios bancarios por una gran parte de la población y de la ciudadanía de Calasparra. Muchas de las entidades bancarias, lo que hacen es desviar a sus canales online para la realización de algunas operaciones, cuando según el I.N.E. solo el 23% de los mayores de 74 años utiliza Internet y en la mayoría de los casos solo para ver prensa o comunicarse con familiares o amigos, lo que supone que la realización de operaciones bancarias con hasta triple verificación es algo inaccesible para este colectivo.

A su vez, los bancos y cajas han ido poniendo cada vez más restricciones, condicionantes y especialmente para las operaciones que se realizan en sus sucursales. De esta manera los usuarios se encuentran con situaciones como por ejemplo:

1. Limitación de acceso al dinero efectivo, bien porque los derivan a los cajeros  o porque ponen mínimos muy altos para ofrecerlo en ventanilla.

2. Limitación de las operaciones que se realizan en ventanilla.

3. Imposibilidad de realizar pagos sin ser clientes de la entidad.

4. Restricción de los horarios de atención en ventanilla.

5. Sustitución de operadores telefónicos por contestadores automáticos.

6. Imposición de aplicaciones móviles para poder operar con el teléfono móvil.

7. Eliminación de libretas de ahorro o cobrar comisiones a sus usuarios.

8. Cobro por operaciones en la oficina cuando ese mismo servicio es gratuito o al menos más barato por Internet.

9. Restricciones de horario de caja que derivan en franjas para realizar operaciones presenciales de apenas una hora al día.

10. Y algunas entidades, como decimos, han llegado a suprimir las libretas y otras están cobrando por usarlas.

La brecha digital afecta a uno de cada tres ciudadanos y la Administración debe garantizar sus derechos sociales.

Hace unas semanas, un colectivo de personas de avanzada edad lanzaban una campaña “soy mayor, no idiota” para exigir atención personal en las sucursales bancarias que ha tenido un gran impacto social.

“Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por internet”, argumentaba Carlos San Juan, pionero en esta petición que suma ya más de 350.000 firmas en Change . org.

El intenso apoyo recibido por esta iniciativa evidencia una demanda en crecimiento por una parte de la sociedad que no exige nada que no sea de justicia social: no ser dejada de lado por las entidades financieras cuando captar sus pequeños ahorros ha perdido ya interés para ellas ante el bajo precio del dinero. Decenas de miles de personas se han sentido reflejadas en el “soy mayor, pero no idiota” de San Juan y probablemente son solo una parte de las muchas más que hacen cola fuera de las sucursales bancarias todavía abiertas, a la espera de ser atendidas en franjas horarias reducidas o pidiendo ayuda a desconocidos para pagar un recibo a través del cajero.

El proceso necesario de digitalización debe proteger tanto a quienes están menos familiarizados como a quienes están excluidos del acceso a una buena conexión y a un móvil apto. El sector público en todos sus niveles deberá preservar durante el tiempo que haga falta servicios presenciales de atención que faciliten trámites administrativos, médicos, económicos o legales, y en ese sentido va el plazo de un mes que ha dado el Gobierno a los bancos para resolver los problemas de atención presencial detectados. La digitalización como espacio de confort de las nuevas generaciones no debería ser la contracara de la angustia de quienes no pueden, no quieren o no saben manejarse en la esfera digital.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calasparra presenta, para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:

El Ayuntamiento de Calasparra insta al Gobierno Regional y al Gobierno de la Nación

PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a establecer acuerdos de colaboración entre la Región de Murcia y las entidades bancarias con la finalidad de:

a) garantizar la asistencia y asesoramiento a las personas que lo precisen para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías que usan en las entidades bancarias para realizar transacciones, de manera que se garantice su seguridad y se les ayude a la comprensión de las gestiones bancarias a los colectivos más vulnerables.

b) fomentar la implementación de cajeros automáticos adaptados a las necesidades de las personas mayores con discapacidad.

SEGUNDO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra inste al Ministerio de Consumo del Gobierno de España para que adopte las medidas oportunas, para que el Estado considere determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, como un servicio universal que permita mantener una infraestructura física viable que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que pueda garantizar que llegue a toda la población.

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra inste al Defensor del Pueblo para que promueva cuantas acciones sean necesarias para que se preserve el derecho de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros mayores y de aquellas personas que o bien no tienen acceso a Internet o bien no lo manejan con eficacia, a que puedan disponer de servicios bancarios de manera accesible para ellos.

CUARTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra inste a la Presidenta del Congreso de los Diputados para que traslade a todos los Grupos Parlamentarios la necesidad de legislar la normativa necesaria para que estos objetivos de igualdad y universalidad de acceso a los servicios bancarios de manera accesible se garanticen para todos los ciudadanos.