Según publica el diario La Verdad de fecha 19 de Mayo, el Tte. Alcalde del Ayuntamiento de Calasparra se ha visto obligado a parar unas obras que estaban realizando unos familiares en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El origen de la actuación está en la denuncia presentada por un vecino de la pedanía calasparreña del Reolid ante la Guardia Civil con fecha 29 de Marzo. El denunciante se basa en un posible delito contra la ordenación del territorio (delito urbanístico), poniendo en conocimiento de la benemérita que en esta zona se está construyendo un chalé de grandes dimensiones que está a punto de finalizar. Este vecino también recordaba que en el mes de Julio del año 2010 denunció otros hechos similares ante el SEPRONA (Guardia Civil), por la construcción de dos chalés en zona ZEPA.

Al parecer este ha sido el detonante para que el Teniente Alcalde Sr. Vélez, paralice las obras, ya que  sólo existe licencia para construir dos naves de uso no agrícola, tal y como se desprende de la resolución de la Consejería de Agricultura y Agua de fecha 16 de Enero de 2006 que facultó al consistorio municipal a conceder la licencia para la construcción de dichas naves en el año 2007, siendo titular de urbanismo el actual Sr. Teniente de Alcalde.

Desde el Partido Popular de Calasparra creemos en la presunción de inocencia del concejal. Lamentamos que la prensa regional ponga en tela de juicio la actuación de uno de nuestros gobernantes municipales y que nosotros, ni como partido político ni como personas, vamos a condenar, ya que para eso están los tribunales de justicia.

No obstante vamos a estar alerta y está en nuestro ánimo recabar toda la información posible para el total esclarecimiento de las responsabilidades administrativas, políticas y penales si las hubiera, siempre desde el máximo respeto a la legalidad vigente.

Este partido se reserva el derecho en el libre ejercicio de  oposición que nos corresponde, a exigir las responsabilidades políticas que consideremos oportunas e incluso  a pedir la dimisión del concejal, si se  demuestra que han incurrido en responsabilidad penal alguna, si se prueba que ha actuado de mala fe o a sabiendas de que no se ajustaba a derecho.