Murcia, 13 nov (EFE).- El comité de empresa de Conservas Fernández ha presentado hoy, ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, una denuncia contra Cofrusa por presunto fraude puesto que, según los trabajadores, esta firma les debe 2,5 millones de euros y sólo han cobrado el finiquito los 50 más antiguos.
Encarna Martínez, presidenta del comité de empresa de Conservas Fernández, factoría radicada en Calasparra y que fue adquirida por Cofrusa, ha dicho hoy que el presidente de esta conservera, Joaquín Navarro, les pagó los finiquitos con talones que vencían el 30 de octubre, y que no tenían fondos.
Martínez ha hecho estas declaraciones a EFE antes de presentar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia una denuncia contra Conservas Fernández y contra Navarro, administrador único de la empresa.
Así, unos 150 trabajadores de la empresa se han concentrado ante el Palacio de Justicia de Murcia con carteles en forma de cheques en los que se podía leer "Joaquín Navarro estafador".
Por su parte, el abogado del comité de empresa, José Tárraga, ha explicado que no se trata de un problema de dinero, porque "la Administración ha dicho en los últimos meses que había llegado a un acuerdo para avalar y para que la empresa pudiera tener dinero".
En su opinión, se está jugando con los trabajadores porque si Navarro no tuviera dinero para pagarles, no tendría dinero para nadie, "no sólo para los trabajadores que renuncian a sus derechos".
Ha recordado que en agosto se alcanzó un acuerdo que preveía que la empresa pudiera sacar toda la mercancía con la condición de que el 50 por ciento de esa facturación se ingresara en una cuenta mancomunada entre Joaquín Navarro y el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro.
"La mercancía salió pero no llegaron a ingresar dinero, si querían tener efectivo allí hay mercancía suficiente para sacar e ingresar el dinero de esa facturación o firmar avales conformados para poder liquidar a todos los trabajadores", ha concluido.
El 18 de octubre de 2008 Conservas Fernández presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a los 311 trabajadores de su fábrica de Calasparra, dedicada al envasado de alcachofa y pimiento en conserva con la marca La Diosa, lo que supuso el cese de su actividad. EFE
