El Ayuntamiento de Blanca se suma al convenio entre la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Federación de Municipios de la Región de Murcia para facilitar la inclusión de menores con medidas judiciales a través de prestaciones en beneficio de la comunidad en sus localidades de referencia, con el objetivo de restituir el daño que han ocasionado.

Un total de 42 municipios se han adherido hoy al convenio de colaboración que se ha firmado hoy en un acto presidido por la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López, y en el que destacaron "la alta efectividad" de estas medidas "ya que el 95 por ciento de los menores no reinciden y pueden desarrollar su vida con total normalidad". En este evento también participó en alcalde de Blanca, Á. Pablo Cano; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Murcia, Rafael Romero, así como regidores y representantes de otras localidad de la Región.

Este tipo de medidas dictadas por el Juzgado de Menores beneficiarán, en la actualidad, a medio centenar de adolescentes y jóvenes infractores por conductas de vandalismo, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años de edad, y mayoritariamente hombres. Un 42 por ciento menos que la cifra registrada durante el pasado año.

Además, los menores cuentan con el apoyo de la figura de un educador, quien se encargará de que la medida repercuta en su reinserción y de que ésta sea equitativa a la infracción cometida y a las necesidades e interés social de la localidad. El profesional también trabajará de forma directa con la familia del menor para que la integración sea lo más efectiva posible.

Las actividades impuestas por el juzgado son de carácter no remunerado, como medidas alternativas al internamiento, y tienen una duración media en la Región de Murcia de entre 20 y 100 horas. Los trabajos asignados pueden ser, por ejemplo, de colaboración con entidades para el acompañamiento de mayores o de personas con necesidades especiales, también de participación en actividades culturales y sociales, así como tareas de mantenimiento o limpieza, entre otras.

Los profesionales intervinientes en cada municipio elaborarán un Programa Individualizado de Ejecución de Medidas (PIEM) en el que se recogerán los objetivos que se pretenden alcanzar de acuerdo a las necesidades detectadas en el menor y el tipo de infracción cometida. En ningún caso las tareas encomendadas alterarán su actividad escolar o laboral y para su ejecución deberán contar con el consentimiento del menor.