Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha mostrado su sorpresa e indignación ante las declaraciones del Consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, anunciando la inminencia de las roturaciones en los terrenos del proyecto Paramount en Alhama de Murcia, dando por sentado que el proyecto recibirá todos los permisos y en tiempo record.
Y es que, para la asociación ecologista, hay dos aspectos muy graves a considerar en este anuncio:
En primer lugar, tanto el Ayuntamiento de Alhama, como el propio Consejero Cruz, podrían llegar a cometer un delito de prevaricación, si alientan y permiten que las obras empiecen a producirse antes de que el proyecto cuente con todos los permisos necesarios, entre los que cabe destacar la Declaración de Impacto Ambiental y la licencia de obras municipal (supeditada a la obtención de DIA positiva). Para la asociación, actuar por la vía de los hechos consumados, además de inmoral es ilegal, y podría tener consecuencias legales tanto para los promotores del proyecto, como para los cargos públicos implicados e incluso los técnicos que por acción u omisión lo permitieran.
Además, en el improbable e hipotético caso de que en tan corto plazo de tiempo el proyecto contara con todos los permisos necesarios, esto reflejaría que no se han tenido en cuenta los aspectos legales y ambientales que planteó Ecologistas en Acción en sus alegaciones al Plan Especial Paramount. En dicho caso existiría otro motivo de denuncia por presunta prevaricación contra técnicos y dirigentes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, por aprobar a sabiendas un plan urbanístico que incumple la legalidad vigente. Y es que, recuerdan los ecologistas, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional restituyó los límites del Parque Regional “Carrascoy y El Valle”, afectando a un 21% de la superficie del Plan Especial Paramount, lo que supone un cambio sustancial del proyecto, a juicio de la asociación, y por tanto requeriría reiniciar toda la tramitación y el proceso de exposición pública.
Recuerdan que la tramitación ambiental y la urbanística no son meros formularios que rellenar para obtener una licencia. Son trámites legales que sirven para garantizar el Interés General de todos los ciudadanos frente al interés privado de empresas y particulares. Cuando se actúa por la vía de los hechos consumados, se está mermando un derecho constitucional de todos los ciudadanos, lo cual es más grave aún cuando se alienta y se ampara desde las mismas instituciones públicas que deberían velar por el Interés General, como dicta la Constitución Democrática de nuestro país.
Y es que los ecologistas denuncian que este tipo de anuncios temerarios e irresponsables que realizan nuestros dirigentes, son precisamente los que han contribuido a “educar” a empresarios y particulares en la cultura del “todo vale en aras del negocio” y de que el medio ambiente y el Interés General carecen de importancia siempre que haya un lucrativo negocio de por medio.
Para ecologistas en Acción resulta poco ético y tremendamente irresponsable el alimentar desde las instituciones públicas, las expectativas de negocios, sean legítimas o no, de empresarios y propietarios, dando por hecho que un proyecto se llevará a cabo sí o sí, sin esperar a la conclusión de la tramitación ambiental y urbanística, y sin querer contemplar la posibilidad de que no se puedan obtener todos los permisos, y por tanto el proyecto no sea legalmente viable. Si a esto se añade la permisividad frente a la vía de los hechos consumados, tan tristemente común en nuestro territorio, supone que la propia administración es el peor enemigo del Interés General y de la legislación vigente, cuando teóricamente debería ser su mayor defensora.
Ante la gravedad de la situación creada por las administraciones local y autonómica, Ecologistas en Acción ha querido lanzar una advertencia a técnicos, cargos públicos con responsabilidad y promotores del proyecto:
Si se inicia cualquier obra del proyecto Paramount sin contar con todas y cada una de las necesarias licencias y permisos, y/o sin ajustarse a la legalidad vigente con respecto a las sentencias judiciales que restablecen los límites del Parque Regional, y no permiten el teletransporte, esta asociación anuncia que interpondrá medidas legales contra empresa, técnicos y cargos públicos con responsabilidad que permitan que esto se produzca.
