El pasado 11 de julio el presidente del Gobierno de España expuso en las Cortes Generales el contenido del mayor recorte de derechos económicos, sociales y políticos de la etapa democrática en nuestro país. Con ello expuso a las claras, las condiciones no escritas que la reciente cumbre europea impuso a España, tras el rescate a la banca española, producido por la actuación temeraria y negligente desarrollada por los directivos de los bancos y cajas de ahorros de nuestro país en la última década, a rebufo del modelo económico impulsado por los gobiernos de turno de distinto color político en el mismo tiempo. La fiesta del ladrillo finalmente expone una deuda global de mas de novecientos mil millones de euros, en su mayor parte de carácter privado a la que el Gobierno de la Nación pretende que hagan frente quienes lejos de beneficiarse en ese espasmo económico, ahora se significan como los sustentadores del desaguisado. Ello en el mismo día en el que se hace público que los consejeros de las empresas del IBEX 35 han aumentado sus retribuciones del 2011 en un cinco por ciento con una retribución media anual de 500.000 euros y con unos consejeros ejecutivos cuyo promedio de ingresos ha sido de 2,4 millones de euros.

La pócima que el presidente del Gobierno y el partido popular aplican al brutal endeudamiento privado, que finalmente ha arrastrado a las cuentas públicas a un incremento del déficit y la deuda se sustancia en la eliminación de la paga extra de navidad para el presente año y los dos próximos a unos funcionarios que para nada se han beneficiado del festín, con subidas salarias ligadas en su caso a previsiones de inflación que muchos casos se veían superadas, y a recortes del cinco por ciento de su salario, como el practicado por el anterior gobierno en mayo de 2010, al tiempo que se eliminan derechos establecidos a través de negociación colectiva referidos a jornada laboral y días de descanso entre otras medidas.

Igualmente el presidente del Gobierno, que al frente de su partido inició una campaña mediática contra la subida del IVA impuesta por el gobierno socialista en la pasada legislatura y que calificó a la misma como " El sablazo que el mal gobernante impone a sus conciudadanos" coros aparte vuelve a caer en una clamorosa contradicción cuya factura tendrá repercusiones en la menos capacidad adquisitiva de la sociedad en general, perjudicando también las previsiones del funcionamiento de los ayuntamientos, excitando una mayor contracción de la demanda que abundará en el crecimiento del ya por si escandaloso escenario de desempleo.

Los anunciados recortes en materia de desempleo a partir del séptimo mes, los recortes ya perpetrados en materia sanitaria que implican mayores esfuerzos de la ciudadanía para el acceso a tratamiento paliativos y que convierte en el caso de la Región de Murcia a los pensionistas en acreedores del Servicio Murciano de Salud, los de carácter educativo en relación a becas, matrículas, empleo público y calidad de la enseñanza, la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda y la enunciada restricción de las competencias que ejercen los ayuntamientos en paralelo al fortalecimiento de las diputaciones provinciales, entes decimonónicos que hubiesen merecido ser suprimidos en la reciente Reforma Constitucional y la imposición, sin procedimiento alguno de participación de los ayuntamientos en la modificación en la Ley Orgánica Electoral, se manifiestan sin recato alguno en un ejercicio despótico y de soberbia con los derechos democráticos de representación y en particular de respeto con las minorías, su derecho de representación y las garantías de reflejo de la pluralidad política municipal.

Sin embargo el gobierno central no tiene empacho en jalear Amnistías fiscales para los defraudadores dotándoles de impunidad a través de cobertura legal, no aborda contribuciones de los altos patrimonios y las grandes fortunas como si se realizan en otros países de nuestro entorno y en los EE.UU., mantiene e incrementa las regalías públicas a la Conferencia Episcopal, configurando con ello un escenario de máxima injusticia que provoca un incremento de la brecha de desigualdad en nuestro país, con una mayor injusticia en la distribución de la renta y la riqueza, abocando a una cada vez mayor parte de la población a situaciones de dificultad económica, insolvencia y pobreza.

La ciudadanía de Alhama de Murcia tiene derecho a que sus representantes mas cercanos manifiesten su posición en su institución mas próxima, que es el Ayuntamiento, en relación a lo que puede considerarse como un fraude y estafa política ejercido por un Gobierno de la Nación, que pocos meses atrás prometía hacer todo lo contrario de lo anteriormente expuesto.

Por todo ello presentamos al Pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente

MOCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse a la presidencia del Gobierno de España y a la Mesa del Congreso de los Diputados manifestando su frontal rechazo y desaprobación con las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno en las Cortes Generales el día 11 de julio instando a que no se lleven a la práctica por significarse como injustas, desproporcionadas e inútiles para los intereses generales y públicos de la ciudadanía de Alhama de Murcia.

Grupo Municipal IU-Verdes