Muchos ciudadanos y ciudadanas estamos siguiendo con extraordinaria preocupación la situación que se está produciendo en relación con la actuación del Tribunal Supremo, con motivo de las acusaciones por prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón.

Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a trámite de un querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial para intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo, y otra dirigida a intentar dejar sin valor las pruebas obtenidas en la investigación del caso Gürtel.

Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia, es increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una vez más a las víctimas.

Es igualmente sorprendente que se pretenda mediante querellas criminales constantes, minar el esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos de corrupción como el caso Gürtel, intentando amparar las prácticas corruptas, limitando la posibilidad de investigación. De continuarse la tramitación contra el juez Garzón se estaría poniendo en peligro la investigación del caso Gürtel y sembrado el camino de impunidad para los actualmente implicados

Estas actuaciones judiciales iniciadas por los ámbitos de la derecha y la extrema derecha de nuestro país, autores de las querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país que no debe ser amparado por los órganos de Gobierno de los jueces.

Lo que está ocurriendo en el presente caso no es solo una actuación contra un juez que, en el ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de las atribuciones que tiene encomendadas sino que lo que se traslada a toda la ciudadanía es que en este país hay asuntos y personas que son intocables y que actuar contra ellos supone, aún hoy, consecuencias graves para ellos.

Creemos que la campaña de acoso y derribo que se está llevando a cabo por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país es realmente inadmisible en democracia, intenta minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia.

No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón.

Por todo ello y en tanto se resuelvan los procedimientos judiciales contra el Juez Garzón, este no debería ser suspendido de sus funciones, ni se deben continuar tomando decisiones que pongan en entredicho la imparcialidad del órgano de Gobierno de los Jueces y del propio Tribunal Supremo.

Por todo lo anterior se propone al pleno del ayuntamiento que adopte los siguientes

ACUERDOS

1º Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo al que está siendo sometido.

2º Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan .

3º Exigir que las víctimas del franquismo que instaron la iniciación del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el Juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo.

4º Garantizar que los procedimientos por corrupción, investigados hasta el momento por el juez garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

5º Que del presente acuerdo se de traslado al Presidente del Consejo general del Poder Judicial.