UxA considera que "para comenzar a dar ejemplo debería sancionar a la empresa de la concejala de Comercio, María Dolores Ruíz Serna, protagonista del Caso Rosauro".

"Con oportunidad de hacerse la foto, el alcalde de Alguazas, junto a alcaldes de otras localidades y el consejero de Educación, Universidades y Empleo, han firmado un convenio que denominan "contra la economía irregular". Según el comunicado que el consistorio alguaceño ha emitido, se pretende la detención de actividades no declaradas con ánimo defraudatorio, obras detectadas sin licencia, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas, etc.

Es una vergüenza que el PP quiera dar clases de moral a los alguaceños cuando son sus propios concejales quienes hacen esas actividades ilícitas. Sin ir más lejos, la concejala de Comercio y Sanidad, María Dolores Ruiz Serna, ha sido administradora de una empresa en la localidad sin su respectiva licencia durante veinte años. Además, también ha sido denunciada y pillada por el Seprona por verter escombros en lugares no autorizados procedentes de la construcción de una nave industrial.

Todas estos hechos han sido denunciados por Unidad por Alguazas, y actualmente la Fiscalía Anticorrupción investiga junto a delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas e incompatibilidades en el ya conocido "Caso Rosauro"; otro escándalo de corrupción política sumado a otros como el caso Bárcenas, Nóos, Gürtel, Umbra, GAL,…

Si el PP realmente quiere acabar con la economía irregular debería darnos ejemplo. Y dudamos que pueda hacerlo con personas de esta calaña entre sus prosélitos. UxA denunció todos estos hechos, y logró la renuncia de esta concejala de su cargo como administradora de Conexvías Levantinas por las incompatibilidades cometidas, pero ahora falta que el ayuntamiento abra expediente sancionador a la empresa que ha estado veinte años sin licencia.

Según la normativa de protección ambiental, el art. 52 señala que dicha empresa debe ser sancionada con una multa de hasta 100.000 euros, algo que el alcalde no tiene intención de hacer, pudiendo incluso llegar a prevaricar.

La economía sumergida representa el 23% del PIB español, algo que lógicamente hay que combatir, pero dudamos que puedan aportar las soluciones para ello quienes tienen las manos manchadas. Y UxA ha denunciado todos estos hechos con pruebas, no como los otros partidos del municipio que acusan sin argumentos ni pruebas".