Una concejala factura al ayuntamiento desde su propia empresa de forma irregular. El caso lo lleva el Fiscal Superior de la Región de Murcia, a raíz de una denuncia presentada por Unidad por Alguazas. ``Hay que acabar con la corrupción´´ afirma su portavoz.

El 4 de diciembre de 2012, miembros de Unidad por Alguazas –UxA- presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Murcia una denuncia contra miembros del PP alguaceño por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas entre autoridades o funcionarios públicos. Según UxA, la administradora de la mercantil "Conexvías Levantinas SL" y concejala de Empresa y Sanidad del PP de Alguazas, María Dolores Ruiz Serna, ha facturado hacia su propia empresa la cantidad de 33.205,55 euros de forma ilegal desde que ostenta la condición de concejal, en junio de 2011.

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, ha recibido toda la documentación sobre el ya conocido `Caso Rosauro´ y ha abierto diligencias penales de investigación contra la concejal del PP y administradora de Conexvías Levantinas SL, María Dolores Ruiz Serna, el alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, y los concejales del PP que forman la Junta de Gobierno local.

De esta forma, el `Caso Rosauro´ pasa a manos de Fiscalía que se une a la decena de casos de supuesto desvío de poder en las instituciones públicas como son 'Tótem', 'Limusa', 'Biblioteca', 'Ninette', 'Umbra', 'Valhalla', 'Zerrichera' o 'Barraca'.

Los independientes de Alguazas luchan con todas sus fuerzas por sofocar la corrupción política, porque "mancha la imagen de la política y aleja a los ciudadanos de la vida pública" confiesa José Gabriel García Bernabé, portavoz de UxA. "No permitiremos que nuestros políticos se lucren con dinero de los trabajadores y ciudadanos honrados" concluye.

Unidad por Alguazas celebra que la Fiscalía admita a trámite la denuncia y comience una investigación que podría acabar con la vida política de muchas personas en Alguazas. En la denuncia presentada ante Anticorrupción, afirman que dicha edil ha aprobado multitud de facturas de forma ilegal durante todo su mandato, además de recibir trato de favores en años anteriores donde era concejala la hermana de la acusada, Silvia Ruíz Serna.

Y es que el `Caso Rosauro´ no acaba aquí, porque también ha protagonizado más conflictos que se resolverán en los juzgados; desde que se constituyó la empresa, en 1992, ésta no ha tenido nunca licencia de actividad y, hasta la fecha, el alcalde aún no ha iniciado expediente sancionador por ello, lo que podría incurrir en un delito de prevaricación. Lo que sí está en manos de los Juzgados ya es la denegación por parte del alcalde, hacia el concejal de UxA, para ver todos los expedientes relacionados con esta empresa, lo que podría condenarle entre uno y cuatro años de inhabilitación por impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

"Es absolutamente inmoral que esta señora sea concejal de Empresa, la misma que insta a los nuevos comercios a tener licencia antes de abrir, y luego no posea ella misma ni pague las tasas al ayuntamiento" manifiesta Bernabé.

UxA ha presentado en Anticorrupción toda la documentación nada más conocer las irregularidades, pero "no entendemos porqué el PSOE no ha dicho nada nunca cuando llevan en el ayuntamiento toda la democracia, y ha sido nuestro partido quien está destapando toda la corrupción desempeñada desde las filas populares" manifiesta su presidente, José Gabriel.

UxA declara que también han denunciado otros casos de corrupción como la facturación de las líneas de móvil personales de los concejales a cargo del ayuntamiento, la factura de un autobús pagada con fondos públicos que desplazó a militantes del PP a un mitin de Rajoy, las reiteradas negativas del alcalde a facilitar derechos fundamentales a los concejales de UxA, como un despacho o el acceso a la información, entre otros.

En la denuncia presentada, la base jurídica presentada por UxA avala que el grave incumplimiento de compatibilidades cometidas por dicha concejal le obligará a tener que elegir entre el cargo de administradora de la empresa o el de concejala en el ayuntamiento.