Es cierto que cada gobierno tiene un estilo para gobernar, una defensa ideológica definida y unas formas de ejecutar la acción de gobierno. Aunque el actual gobierno de Pedro Sánchez carece de línea ideológica cualquiera (muy a pesar de muchos de los suyos), salvo aquella del "yo, mí, me, conmigo", sí cuenta con un estilo muy peculiar y afianzado de gobernar, e incluso de legislar (muy a pesar del Congreso de los Diputados), a través del decreto ley. Sin duda esta manera de actuar se debe a que nuestro país se encuentra en una extraordinaria y urgente necesidad con carácter permanente.

No contento con los decretos leyes, el gobierno de coalición, en una constante entrega a los partidos rupturistas en el Congreso, no escatima en ceder a la incorporación de modificación de leyes en cualquier norma con rango de ley que se tramita en la Cámara Baja. Sin ir más lejos en la recientemente aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluyen disposiciones para modificar 18 leyes anteriores.

Pero no crean que todas esas modificaciones extraordinarias y urgentes, ya sean por decreto-ley o mediante disposiciones adicionales, van encaminadas a poner freno al disparatado aumento de los precios en España, o a reducir el coste de la electricidad o los combustibles, o a legislar sobre un marco común en todo el territorio nacional para hacer frente a la pandemia, o a avanzar en la igualdad de todos los españoles independientemente de en qué territorio residan. Lo verdaderamente preocupante de la acción de gobierno de este desgobierno es la constante cesión ante partidos separatistas y minoritarios que resquebraja el Estado con el único afán de mantenerse en el poder. Bueno, en realidad también para contentar a los suyos, el Alcalde de Vigo fue recompensado, a dedo, con una subvención directa de 2 millones de euros de forma paralela a las ayudas a las que concurrimos el resto de ayuntamientos de España en supuesta igualdad ante la convocatoria de subvenciones.

Tan solo en la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2022, y para conseguir el voto de Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís…, se ha establecido un 6% de cuota de producción audiovisual en lenguas cooficiales y se crea un fondo de 10,5 millones para producciones en esas lenguas, se han eliminado las inversiones necesarias en la Comisaría de Policía Nacional en Barcelona, se eliminan peajes en autopistas catalanas y se compensan por el Estado, se dedican 21 millones de euros a vivienda social en Cataluña, se transfiere la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco, se potencia la Alta Velocidad en Bilbao y Vitoria, se asegura la emisión de un canal infantil en euskera en toda Navarra, se ha eliminado el mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades en Canarias… Como se puede apreciar, no son precisamente medidas conducentes a defender la unidad de la Nación y a avanzar en la igualdad de todos los ciudadanos y sus territorios. ¿Qué quedará cuando estos terminen?

Pero hoy quiero alzar mi voz en defensa de los funcionarios públicos de Administración local con habilitación de carácter nacional. ¿Y quién son esos? se preguntarán algunos. Pues, nada más y nada menos, que los Secretarios, Interventores y Tesoreros de todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y demás entidades locales de España. Verdaderos pilares de la administración municipal, impulsores de su modernización en la gestión, garantes de la seguridad jurídica de esas administraciones, guardianes de sus cuentas y su tesorería, y fiscalizadores de su control económico y financiero. Son auténticos aliados para cualquier gobierno local y aseguradores de la legalidad y del sometimiento al control del gasto establecido. Unos profesionales que, al tener carácter nacional, aseguran el cumplimiento de unas reglas de funcionamiento comunes para todos los municipios. Bien es cierto que contamos con un número insuficiente de habilitados nacionales en toda España, debido a que el Gobierno de España no convoca plazas suficientes para cubrir todas las necesidades de los municipios.

Pues bien, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, una ley muy polivalente, atenta contra el carácter nacional que estos funcionarios lucen en su propio nombre. La Ley incluye una disposición, a propuesta del PNV y aceptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que otorga al País Vasco las competencias para la selección, aprobación de ofertas de empleo público de plazas en su territorio y el nombramiento de los funcionarios de esos procesos selectivos de Secretarios, Interventores y Tesoreros.

Amén de la discriminación en el acceso de cualquier español a esas plazas por condicionantes lingüísticos que seguramente aparecerán (las experiencias sufridas ya en otros cuerpos funcionariales y territorios así lo demuestran), esta cesión conduce a la eliminación del carácter nacional de unos funcionarios que trabajan al servicio de los ayuntamientos y otras entidades desde hace cien años, y en los que el Estado tiene depositadas las garantías de que los servicios se prestan en todos los municipios en las mismas condiciones de igualdad y cumpliendo estrictamente las normas comunes a todos. Espero y confío en que los partidos políticos con capacidad de hacerlo y los Colegios Profesionales de estos funcionarios hagan todo lo que esté en sus manos y acudan a las instancias que deban hacerlo para revertir este sinsentido.

Aunque no lo crean, es un nuevo paso en la ruptura del Estado, en la generación de más diferencias de trato entre regiones y entre españoles. Si este Gobierno tuviera ideología o una mínima visión de Estado, hay cesiones que no valen unos presupuestos ni un sillón. ¿Qué quedará cuando estos terminen?

Joaquín Buendía
Alcalde de Alcantarilla