Cuatro años ha estado la Interventora accidental del Ayuntamiento de Alcantarilla sometida a un proceso judicial debido a una denuncia de una empresa por "estafa y falsedad". Cuatro años en los que, pese a todo lo vivido, la empleada municipal ha seguido desempeñando su trabajo con entrega, dedicación, lealtad institucional y compromiso con su Ayuntamiento.

El pasado 18 de enero un auto de un juez decretó "el sobreseimiento y el archivo de las diligencias". ¿Y por qué? Pues porque señala el magistrado que no han resultado datos para sustentar que el certificado cuestionado hubiera sido falsificado. Esto, dicho de otra manera, más contundente y ajustada a los principios básicos de nuestro estado de derecho, significa que ese certificado es auténtico, correcto y no falsificado, que ese certificado nunca fue modificado.

Pero es más, el juez incluso añade que si se hubiera podido demostrar en qué fue modificado el registro del ayuntamiento "nos hallaríamos ante una simple irregularidad".

¿Y ahora qué? ¿Quién repara el honor y la imagen, el sufrimiento pasado ya no se puede, con tantos artículos y voces que la pusieron en cuestión y pidieron su cese?

Porque a lo largo de este tiempo, en medios de comunicación, han escrito mucho sobre el tema: "La Audiencia reactiva la querella contra la interventora por estafa"; "el futuro de la interventora en funciones … está en manos de la Audiencia Provincial"; "La cabeza de la actual interventora en funciones se ha convertido en el caballo de batalla…"; El cese de la interventora se tratará en el Pleno..".

Esos medios de comunicación no pueden despachar el asunto con un artículo en el que relata nuevamente todos los hechos y pretensiones de la empresa demandante como si hubieran sucedido pero no se hubieran demostrado. Que no. Que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario y, por tanto, en este caso, nadie ha estafado, nadie ha falsificado un documento. Lo que procedía era trasladar este mensaje claramente y reponer, en la medida de lo posible, la imagen profesional de la interventora. Una imagen que, por otra parte, para muchos compañeros no ha cambiado.

Durante este tiempo también se han escuchado voces en el Pleno del Ayuntamiento que decían, de forma retorcida, "… con la lógica presunción de inocencia…. instar al Alcalde a que tramite el cese inmediato de la interventora…", poniendo en cuestión su profesionalidad y su capacidad. "…estamos hablando de temas penales…" señalaban los grupos de la oposición. Unas voces que ahora deberían oírse con alguna disculpa.

En dos ocasiones anteriores, la justicia se pronunció en el mismo sentido que en esta ocasión. La interventora es la de siempre, el certificado es el de siempre, los que gritan son los de siempre, y el final es el de siempre.

Joaquín Buendía
Alcalde de Alcantarilla