Durante el último pleno ordinario, celebrado recientemente en el ayuntamiento de Águilas, los miembros del PSOE dejaron patente su ignorancia en diferentes aspectos de carácter municipal. El equipo de Gobierno tuvo que aclararles varias cuestiones relacionadas con mociones y preguntas, entre las que se encontraban las siguientes:
- En relación a unos problemas de suministro eléctrico existentes en unos edificios situados en la calle Isidoro de la Cierva, los socialistas recriminaron al alcalde que les hubiera concedido la licencia de primera ocupación. En este punto, la portavoz del Gobierno municipal, Isabel María Soler, tuvo que corregirles y explicarles que dichas licencias se otorgaron el 8 de julio de 2008, casi tres años antes de que tomara posesión de su cargo Bartolomé Hernández, y que éstas no son un acto discrecional que decide un político, sino que se trata de una cuestión reglada que se autoriza cuando todos los informes técnicos son favorables. Soler detalló que el consistorio aguileño lleva tiempo trabajando para arreglar esos problemas, pero todos los trámites deben seguir el plazo que marca la ley antes de proceder a la ejecución subsidiaria de unas obras que solucionarán definitivamente el tema.
- La torpeza del PSOE se volvió a poner de manifiesto al solicitar al Ayuntamiento, para el próximo curso, la implantación de un programa de cualificación profesional vinculado a la agricultura, un requerimiento que es competencia de los propios centros educativos y que además, aunque quisieran, éstos no pueden tenerlo al carecer de las instalaciones y la maquinaria necesaria para su homologación. Para colmo, el plazo de inscripción se cerró el 23 de mayo, por lo que el concejal de Desarrollo Local, Carlos Bartolomé, manifestó que esta petición se debía a una clara muestra de incompetencia por parte de los socialistas o lo que es peor, para poder decir después que el equipo de Gobierno no había aprobado su moción, como finalmente se ha podido verificar.
- En otro punto de la sesión plenaria, relativo a la aprobación de un Código de Buenas Prácticas para combatir el descontento de la ciudadanía con la clase política, la portavoz municipal, Isabel María Soler, declaró que “lo que los ciudadanos reclaman son hechos, que nos comportemos de una manera honesta, razonable y coherente, independientemente del grupo al que pertenezcamos, y lo demás es papel mojado”, al tiempo que matizó que “cuando tomamos posesión de nuestros cargos, juramos o prometimos cumplir la Constitución y ese debe ser nuestro verdadero compromiso”. Finalmente, Soler quiso subrayar que los concejales del grupo municipal popular están obligados a someterse a un Código de Buenas Prácticas, al que todos los ediles están subscritos, e invitó a los miembros de la oposición a que elaboren su propio Código y lo que es aún más importante “que cada día demuestren con hechos sus buenas intenciones”.
