El Grupo Municipal Popular elevará al Pleno Ordinario del mes de enero, que se celebrará el próximo martes, 27 de enero, a las 20’00 horas, en el Consistorio aguileño, una moción para que se inste al Gobierno Regional, y que este a su vez solicite al Gobierno de la Nación que reforme la Ley de Extranjería, y que apueste por el orden, el control, la ley y la integración.

La moción, que se debatirá en Pleno, por todos los grupos políticos con representación municipal, reza lo siguiente:

Desde que gobierna el PSOE en España estamos asistiendo a un descontrol en materia de inmigración, donde se ha creado una bolsa de marginalidad de más de 2.000.000 inmigrantes ilegales, donde se han generado guetos de excluidos que sólo pueden ser atendidos por ONGs, que han provocado un efecto llamada que es ya uno de los mayores dramas humanos a nivel internacional con miles de fallecidos.

Se ha generado una guerra por el agua que está llevando a la ruina a los agricultores y la pérdida de empleo para muchos inmigrantes. Ha pasado el tiempo y lamentablemente nos ha confirmado lo que decíamos desde el PP.

El efecto “llamada” de esa regularización masiva ha provocado que se haya duplicado el número de personas inmigrantes en situación ilegal, y lo que es peor, el gobierno de Zapatero ha provocado uno de los peores dramas humanitarios de los últimos tiempos, con la muerte de miles y miles de personas y ese amontonamiento de inmigrantes que no saben donde ir.

El PP de la Región de Murcia está claramente a favor de que las personas que lo deseen vengan aquí a ganarse la vida dignamente, puesto que contribuyen al crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora bien, la capacidad de nuestra Región no es ilimitada.

La incesante llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas, puertos, aeropuertos y fronteras terrestres se ha venido multiplicando durante los dos últimos años desbordando la capacidad y previsiones del Gobierno. Tal es así, que, el último acontecimiento está demostrando que las mafias se están beneficiando, engañando y abandonando a su suerte a los inmigrantes, que están siendo los que manejan y coordinan los flujos migratorios a su antojo.

El caos actual que ha provocado el gobierno de Zapatero conlleva el incremento de la intranquilidad de todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros. Por la pésima gestión de Zapatero, los españoles y los murcianos sufren una mayor intranquilidad y preocupación.

El PP reclama que nunca más haya un efecto llamada, que no haya más descontrol y desbarajuste, que nunca haya fronteras coladero.

Se puede hacer una política alternativa, basada en la legalidad, integración y humanidad. Y se puede ser eficaz frente a la ineficacia e incompetencia del gobierno.

El PP quiere que los inmigrantes vengan de manera legal y ordenada. No queremos que mueran miles de inmigrantes en el intento. Queremos una sociedad integrada y pluralista, y no una sociedad compartimentada en grupos étnicos, religiosos o culturales. El PP quiere una integración social con todos los derechos, pero también con todos los deberes porque es bueno, primer para los inmigrantes y segundo, para toda la sociedad. Lo recoge nuestra Constitución.

Es posible hacer una política equilibrada, basada en la idea de que la inmensa mayoría de la gente que viene a España, lo hace porque busca mejores oportunidades. Es posible hacer una política de control de la legalidad y humanidad.

El PP planta tres ejes principales: humanidad, legalidad y empleo. Queremos que el inmigrante se sienta con los mismos derechos y obligaciones. Cuando la política de los gobiernos no es la adecuada se puede atacar a la propia imagen del inmigrante. Por todo ello es necesario modificar la Ley de Extranjería para que no se puedan efectuar nuevas regularizaciones extraordinarias masivas que son las responsables de generar el efecto llamada.

Hay que fortalecer los controles de las fronteras especialmente en los aeropuertos y en La Junquera. Junto a esto, hay que alcanzar una dotación presupuestaria suficiente tanto para impedir la inmigración ilegal como para garantizar un tratamiento humanitario adecuado a los inmigrantes que entren en nuestro país y crear un órgano especial de atención a los menores, así como un fondo de cooperación anual entre las distintas Comunidades Autónomas.

No se puede continuar cargando a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos con la responsabilidad de asumir este drama y sobretodo con los costes que esto supone, como lo está haciendo.