La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción se han dirigido tanto al Presidente de la Comunidad Autónoma como al Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio pidiendo la actuación inmediata del Gobierno Regional en La Zerrichera, ya que pese al avance de las investigaciones judiciales y la paralización cautelar del proyecto por la justicia, no se ha adoptado desde el Ejecutivo Regional ni una sola medida a favor de la conservación de la naturaleza en este espacio: el Plan de Gestión de la ZEPA sigue sin aprobarse y no se ha producido la revisión de actos nulos de la Declaración de Impacto Ambiental.
La denuncia interpuesta por ANSE y Ecologistas en Acción ante la Fiscalía del TSJ está dando lugar a una de las investigaciones más destacadas en la historia de la Conservación de la Naturaleza del Sureste de España, ya que el juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, está investigando a diversos altos cargos del Gobierno Regional (incluido ahora el ex Consejero Marqués) por la reclasificación urbanística de casi 200 hectáreas en el interior de una zona protegida (Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves).
Tanto ANSE como Ecologistas en Acción se encuentran personados a través de sus abogados como acusación particular en la instrucción del caso. Además, ambas organizaciones interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la reclasificación urbanística que permitió la paralización cautelar del proyecto. Por otra parte, ANSE remitió una queja a las autoridades europeas sobre este caso por la posible infracción del Derecho Comunitario.
La información que se va conociendo sobre la Zerrichera apunta de una forma cada vez más clara a que se cometieron diversas irregularidades e ilegalidades para permitir la reclasificación de una zona protegida por sus valores naturales. Sin embargo, aún no se han depurado responsabilidades por parte de los implicados (algunos ocupan puestos de responsabilidad con cargo a los presupuestos públicos) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma continúa impasible sin haber adoptado ni una sola medida para garantizar la protección de la naturaleza en la Zerrichera.
En este sentido, las organizaciones denuncian que el Plan de Gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves “Sierras de la Almenara, Moreras y Cabo Cope” sigue sin aprobarse pese a ser un compromiso adquirido por la Administración Autonómica ante las Autoridades Comunitarias en el contexto de un proyecto LIFE y haberse agotado todos los plazos y prórrogas posibles. Ambas organizaciones consideran que debería ser el propio Presidente quien debe asumir ese compromiso.
Tampoco han obtenido respuesta alguna por parte del Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio a la solicitud realizada por ANSE en 2006 relativa al inicio del procedimiento de Revisión de Actos Nulos o Anulables con el fin de declarar la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la modificación del PGOU de Águilas en el paraje de La Zerrichera.
