Comunicado del Ayuntamiento:
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Abarán, a través de su máximo representante, Antonio Eugenio Gómez, manifiesta ante las acusaciones del grupo Izquierda Unida + Los verdes, que el concejal de dicha formación, Pablo Rodríguez Soler, sólo busca en sus acusaciones confundir a la opinión pública y manipular la información tergiversando la verdad.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Abarán ha respaldado desde un primer momento a los trabajadores del servicio de recaudación. El Alcalde asegura que la intención de esta alcaldía ha sido en primer lugar, cumplir con la legalidad exigida y en segundo, evitar perjudicar a los trabajadores así como posibles actuaciones judiciales de los mismos contra el Ayuntamiento.
Los grupos municipales en la oposición no dieron su voto favorable al inicio de un expediente para estudiar los derechos del personal afecto al servicio de recaudación municipal, en una votación nominal en la que no pudieron pronunciarse dos concejales populares, por la relación de consanguineidad que mantienen con uno de los trabajadores.
El concejal de Izquierda Unida olvida en sus afirmaciones que la hermana de una concejal del Partido Popular, fue contratada como personal laboral por la anterior Corporación en el año 2005 y que anteriormente prestaba servicios en la recaudación municipal desde el año 1990.
El equipo de gobierno, tras asesoramiento y estudio de informes técnicos y jurídicos ha considerado oportuno la subrogación de todos los contratos, tres en concreto, y evitar de este modo la interposición de recursos por parte de los trabajadores.
Antonio Eugenio Gómez ha señalado que esta corporación trabaja con total transparencia y afirma que el concejal de Izquierda Unida está utilizando a estas personas como argumento político contra la forma de trabajar del Partido Popular.
El hecho de no llevar este tema de nuevo al último Pleno es porque ya se había votado en contra de la apertura del expediente y lo que ahora se resuelve es una reclamación previa de los trabajadores a la vía laboral, siendo entonces la Junta de Gobierno el órgano competente para resolver, pues la resolución a las reclamaciones previas a la vía judicial de los trabajadores, son competencia de la Alcaldía o en su defecto, de la Junta de Gobierno, de acuerdo a la ley 7/85 de Bases del Régimen Local.
