Es impensable, o al menos lo ponemos en cuarentena, que el Sr., alcalde de Abanilla Fernando Molina no tuviese conocimiento de lo que se estaba vertiendo en una parcela de Abanilla, en el paraje La Jaira.
No se puede fomentar el medioambiente sin previamente protegerlo. No se puede emitir un Bando "solicitando que se extreme la vigilancia de las palmeras" o aprobar una Ordenanza reguladora de la palmera datilera donde recoge entre otros apartados "evitar la propagación de plagas", si después y ante hechos tan graves como los ocurridos, el máxime responsable del Consistorio alega ignorancia o desconocimiento. Queda muy claro que lo que existe en nuestro municipio es un vacío de poder fuera de toda duda.
Los concejales independientes propusimos, y así consta en Acta de Pleno de 19 julio de 2010, que para que la Ordenanza tuviese su total efectividad y se cumpliera con las máximas garantías, crear una patrulla rural con miembros de la policía local, al igual que hace la Guardia Civil con el SEPRONA, instruidos y formados para tal fin.
Seguramente muchos de los vecinos del municipio no tienen conocimiento de un hecho grave para Abanilla. Muy recientemente, ante nuestra inquietud y preocupación por la plaga del picudo rojo que estaba afectando a nuestro palmeral, conocimos que en parajes de Abanilla, entre las pedanías del Salado Bajo y Ricabacica se había intervenido en 114 palmeras, 111 eran canarias y 3 datileras; pues bien, de todas ellas solo resta una datilera que está en tratamiento mientras que el resto han sido arrancadas y destruidas. La cuestión es seria.
Para nosotros, independientes de IUMA, lo ocurrido este mes en el paraje La Jaira es una agresión morbosa, estando las infracciones y la responsabilidad de los hechos identificadas. Pero la preocupación va más allá de la sanción que el Servicio de Sanidad Vegetal ha impuesto al Ayuntamiento, porque la plaga tiene serias posibilidades de haberse diseminado y para este supuesto, ¿quién asume el coste del tratamiento?, que no es nada barato: arrancamiento y destrucción de los individuos afectos y el preventivo (la aplicación externa, es decir, fumigación con insecticidas del tipo CLORPIRIFOS alternando el principio activo o la aplicación endoterápica, inyectando los insecticidas en el tronco de la palmera), alrededor de mil euros por ejemplar.
Sabemos que desde 2009 la Consejería de Agricultura no asume el gasto del tratamiento y destrucción de aquellos ejemplares no recuperables que lo hacen los propietarios de las mismas tal y como establece el Art.13 de la Ley 43/2002, de 13 de noviembre de Sanidad Vegetal. Pero ante la dejación de funciones por parte del Gobierno municipal, ¿quién asumirá los gastos que se derivan de estos hechos?, porque para el municipio es esencial minimizar las consecuencias medioambientales de los mismos.
Vuelvo a insistir: nuestro municipio ya no puede seguir tragándoselo todo: vertederos ilegales, arrojo de vertidos cerca del cauce del rio Chícamo, animales muertos para utilizar sus grasas y otros. Seguimos insistiendo:
NO DE PUEDE FOMENTAR EL MEDIOAMBIENTE SIN PREVIAMENTE PROTEGERLO.
