La Asociación recuerda que la trucha arco iris y la carpa producen graves daños a los ecosistemas, y que la organización viene advirtiendo de la ilegalidad de la pesca sobre estas especies en la Región de Murcia
La Asociación de Naturalistas del Sureste lamenta el apoyo del PSOE a la moción presentada por el Grupo Popular, para instar al Gobierno Central para que se modifique la Ley 42/2007 y permitir de este modo que se continúe con la pesca de la carpa (Cyprinus carpio) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Ambas son especies exóticas invasoras y producen graves daños a los ecosistemas de tal modo que están consideradas por la UICN entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.
La catalogación de ambas especies deviene de una sentencia del Tribunal Supremo a instancias de CODA-Ecologistas en Acción, SEO/BirdLIFE y AEMS-Ríos con Vida, que falló que diversas especies, entre las que se encontraban la carpa (Cyprinus carpio) y la trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss) debían incorporarse al Decreto 630/2013, al considerarse acreditado el carácter invasor y la grave amenaza que suponen.
Precisamente, el Tribunal Supremo en la sentencia advirtió que:
“Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la Ley de Patrimonio Natural."
La citada sentencia obligó a modificar la Orden de pesca fluvial de 2016 obligando a la retirada de las especies invasoras que pudieran capturarse.
ANSE recuerda que viene advirtiendo desde 2012 de la ilegalidad de la pesca y de las liberaciones de trucha arco-iris, que se han venido realizando con la participación de la propia Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma y que incluso han afectado a un tramo del río Segura protegido por la Red Natura 2000.
Las consultas jurídicas realizadas por la Asociación apuntan a la "inconstitucionalidad" de la propuesta, pues se ha dictado una sentencia firme que ha de ejecutarse. Una posible norma de convalidación que pretendiera legalizar lo declarado ilegal vulneraría la tutela judicial efectiva.
La Asociación lamenta que, desde determinados sectores, se promueva la modificación de leyes ambientales con fines meramente económicos, en lugar de avanzar en la aplicación de las sentencias judiciales firmes apoyadas en el conocimiento científico-técnico, que favorezcan la recuperación ambiental de nuestros ríos.
